El Congreso de la Ciudad de México aprobó una significativa reforma a la Ley de Vivienda y al Código Civil del Distrito Federal, la cual ha sido oficialmente publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Esta reforma establece un límite al incremento de las rentas en la capital, una medida que busca frenar el acelerado aumento de los costos de arrendamiento que ha afectado a miles de personas en los últimos años.
Con la nueva normatividad, se estipula que el incremento de las rentas no podrá superar la tasa de inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, tomando como base la cantidad pactada en el contrato de arrendamiento. Además, se implementará un registro digital obligatorio de contratos de arrendamiento, gestionado por el Gobierno de la Ciudad de México, al cual los arrendadores deberán inscribir sus contratos dentro de los 30 días posteriores a su firma.
La reforma también contempla la creación de un Sistema de Información de Vivienda para la Ciudad de México, así como la garantía de producción pública de vivienda asequible, destinada a las personas de menores ingresos. Además, se fomentarán programas para la producción de vivienda de interés social, un paso fundamental para reducir la brecha de acceso a viviendas dignas en la capital.
Este cambio en la legislación responde a la alarmante alza en los costos de arrendamiento registrada entre 2013 y 2019, periodo en el cual las rentas aumentaron hasta ocho veces más que el salario mínimo, lo que provocó que un mayor porcentaje de los ingresos de las familias se destinara al pago de vivienda, desplazando a muchas personas de sus hogares.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, celebró la publicación de estas reformas, calificándolas como un acto de justicia social que busca proteger a las familias más vulnerables. Batres subrayó que esta medida aplicará el principio de "primero los pobres" al tema de la vivienda, poniendo fin a los abusos en el arrendamiento y comenzando a cerrar la brecha entre el ritmo de la inflación y los aumentos en las rentas.
Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, destacó que estas reformas son solo el primer paso hacia un arrendamiento más accesible y democrático en la Ciudad de México. Muñoz Santini también enfatizó la importancia de garantizar que la ciudad continúe produciendo vivienda pública destinada al arrendamiento asequible.
Batres, por su parte, enfatizó que las modificaciones legales establecen las bases para un mayor control en los procesos de renta, proporcionando certidumbre tanto a los arrendadores como a los inquilinos. El registro digital de contratos de arrendamiento es una de las herramientas que permitirá resolver disputas con mayor claridad y justicia.
Finalmente, el jefe de Gobierno subrayó que estas reformas representan un freno a los procesos de gentrificación en la capital, que han desplazado a las comunidades más pobres de sus barrios tradicionales. Además, aseguró que la siguiente administración continuará implementando políticas de vivienda que refuercen estos cambios y promuevan la construcción de más vivienda social en la Ciudad de México.