Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundieron un video en el que niegan cualquier relación con el centro de adiestramiento y exterminio que fue descubierto en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. En la grabación, el grupo criminal cuestiona la veracidad de los hallazgos reportados por colectivos de búsqueda y medios de comunicación.
Uno de los encapuchados que aparece en el video señala que no existe evidencia de que en el rancho operara un centro clandestino y critica las declaraciones de las madres buscadoras, a quienes acusa de exagerar los hechos.
En el video, los presuntos integrantes del CJNG afirman que el rancho Izaguirre fue asegurado por el Gobierno federal en 2012 y que, en aquel entonces, ellos no tenían presencia en la zona. Según su versión, las autoridades patrullaban constantemente el área y nunca reportaron actividades ilícitas en el predio.
El grupo criminal también arremetió contra los colectivos de búsqueda, sugiriendo que intervinieron en la zona sin autorización y fabricaron “una película de terror” para generar impacto en redes sociales.
Mientras tanto, el colectivo de buscadores de Jalisco denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha restringido su participación en la investigación del rancho Izaguirre. En un oficio dirigido a los colectivos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco confirmó que la FGR ha limitado el acceso al sitio solo para personal autorizado.
A pesar de esta restricción, el documento señala que se permitirá la presencia de familiares y colectivos en calidad de observadores, bajo condiciones que serán notificadas posteriormente.
En el video, los presuntos miembros del CJNG aseguran que en Jalisco no hay secuestros ni homicidios en comunidades rurales y que las estadísticas reflejan un clima de tranquilidad. Además, lanzaron una advertencia velada al comparar la situación del estado con la de Sinaloa.
La difusión de este video ocurre en un contexto de crecientes denuncias sobre desapariciones y fosas clandestinas en Jalisco, lo que ha llevado a las familias de víctimas a exigir mayor transparencia en las investigaciones.