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Caso de huachicol fiscal enfrenta riesgo de quedar sin efecto por conflicto legal
Nación
El mayor caso de huachicol fiscal relacionado con la importación de combustible por vía marítima enfrenta el riesgo de quedar sin efecto debido a una controversia sobre qué autoridad debía presentar la denuncia penal.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) detectó una red que, entre octubre y diciembre de 2019, introdujo al menos 89 millones de litros de diésel por el puerto de Tuxpan, Veracruz. El monto del daño fiscal fue estimado en 593 millones de pesos por impuestos que no fueron pagados.
El conflicto surgió a partir de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque el Ejecutivo asignó a esta dependencia funciones relacionadas con la denuncia de delitos en materia aduanera, el Congreso no modificó la Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que dicha legislación mantiene al SAT con esas atribuciones.
Un tribunal colegiado de apelación en Veracruz revocó las vinculaciones a proceso de cuatro personas acusadas por contrabando, al considerar este problema relacionado con las facultades de ambas dependencias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para resolver qué autoridad tenía competencia para presentar las denuncias. Si determina que correspondía al SAT y que la denuncia fue presentada por una autoridad sin facultades, los acusados podrían quedar absueltos.
La FGR abrió las investigaciones en 2020 y las llevó ante los tribunales entre 2023 y 2024. Las acusaciones corresponden a una modalidad de contrabando que no contempla prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la investigación, los tres cargamentos fueron introducidos mediante distintos buques. En uno de ellos llegaron 28.7 millones de litros de diésel, pero únicamente fueron declarados 2.8 millones, lo que habría generado un daño fiscal de 205.3 millones de pesos.
En otro cargamento arribaron 28.7 millones de litros y sólo fueron reconocidos 7.1 millones, con impuestos omitidos por 173 millones de pesos. Un tercer buque transportó 31.8 millones de litros, de los cuales se declararon 4.7 millones, con un daño fiscal estimado en 215 millones de pesos.
Entre las personas vinculadas al caso se encuentran representantes de las empresas Navecopa, Dersa Oil & Gas e Impulsora de Productos Sustentables, además de una agente aduanal.
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RN/CR
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