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Chicago prohíbe arrestos del ICE en tribunales del condado de Cook para proteger el acceso a la justicia
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El juez principal del condado de Cook, en Chicago, firmó una orden que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en los tribunales, una medida que busca garantizar el acceso libre y seguro a la justicia para todas las personas, incluidos inmigrantes y testigos.
La disposición, que entró en vigor este miércoles, impide que los agentes del ICE detengan a cualquier persona por faltas civiles dentro o en las inmediaciones de los juzgados del condado, incluyendo estacionamientos, aceras y entradas principales.
La orden especifica que queda prohibido el arresto de partes, testigos o posibles testigos mientras asisten a procedimientos judiciales, al considerar que las detenciones en estos espacios generan un ambiente de intimidación que obstaculiza la administración imparcial de la justicia.
“El acceso a los tribunales debe ser libre de cualquier temor o coerción”, señala el documento judicial, subrayando que los litigantes y testigos deben poder comparecer sin riesgo de ser detenidos por motivos administrativos o migratorios.
En los últimos meses, el ICE ha sido criticado por realizar arrestos fuera de los juzgados del condado de Cook, donde sus agentes permanecían apostados durante horas para detener a personas con presunto estatus migratorio irregular. Estas acciones provocaron protestas y denuncias de organizaciones civiles, que las calificaron como una violación a los derechos humanos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió la práctica, argumentando que realizar arrestos en los tribunales es una medida “de sentido común”. En un comunicado, la dependencia afirmó: “No somos un reino medieval; no hay santuarios legales donde alguien pueda esconderse para evadir las consecuencias de violar la ley”.
El DHS agregó que ningún artículo de la Constitución estadounidense prohíbe a las autoridades detener a una persona donde sea localizada, aunque diversas organizaciones legales y de derechos civiles han solicitado revisar esta interpretación, al considerar que vulnera el principio de acceso equitativo a la justicia.
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JM/CR
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