Alejandra, una indígena tseltal del municipio de Yajalón, Chiapas, fue sentenciada a 110 años de prisión por el delito de secuestro agravado, en un fallo que organizaciones de derechos humanos califican como discriminatorio y carente de perspectiva de género.
La Colectiva Cereza, dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas, manifestó su preocupación por este caso, argumentando que la sentencia se basa en pruebas circunstanciales y no en evidencias directas que demuestren la responsabilidad de Alejandra en el delito.
Alejandra, madre de tres niñas y actualmente recluida en el penal de San Cristóbal, enfrenta una condena que, según la Colectiva Cereza, carece de fundamentos sólidos y viola sus derechos humanos. La organización denuncia que las autoridades judiciales mantienen una visión patriarcal y sin perspectiva de género, lo que conduce a la criminalización de las mujeres por el simple hecho de serlo y por sus relaciones con hombres involucrados en actividades delictivas.
Este caso se suma a otros en los que mujeres indígenas han sido acusadas y sentenciadas sin pruebas contundentes. Por ejemplo, en mayo de 2023, una joven tseltal fue absuelta después de haber sido acusada de matar al hombre que la violó, en un proceso que evidenció la discriminación y criminalización que enfrentan las mujeres indígenas en el sistema de justicia.
La Colectiva Cereza hace un llamado a las autoridades para que se investigue con perspectiva de género y derechos humanos, y que se evite la construcción de delitos contra las mujeres basados en prejuicios y estereotipos. Asimismo, exigen que los jueces y fiscales tomen responsabilidad y juzguen con imparcialidad, garantizando la autonomía del Tribunal de Enjuiciamiento y evitando prácticas corruptas que perjudiquen a las mujeres, especialmente a aquellas de comunidades indígenas.
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