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Denuncian empresarios presunta red de extorsión en el Órgano de Administración Judicial
Nación
Empresarios de distintos giros comerciales denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de altos y medios funcionarios del Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con los testimonios, servidores públicos de ese órgano exigen hasta un 20 por ciento del monto de los contratos obtenidos mediante licitaciones legales, bajo la amenaza de cancelar los convenios en caso de negarse a realizar los pagos.
Los denunciantes señalaron en un comunicado que la presión es constante y que varios empresarios han optado por no denunciar para evitar la pérdida de contratos que ya habían ganado conforme a la ley. Indicaron que esta práctica ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre entre proveedores que dependen de estos convenios para sostener sus operaciones.
Según los señalamientos, la presunta red estaría encabezada por Juan Carlos Zamora García, quien se desempeña como Secretario Ejecutivo de Administración, y Jorge Giovanni Guerrero Durán, Director General de Servicios Generales, ambos adscritos al Órgano de Administración Judicial. Los empresarios acusaron que, desde su llegada a la institución, en lugar de conducirse con transparencia, habrían establecido un esquema de cobros indebidos a empresas proveedoras.
Uno de los inconformes relató que, pese a tratarse de una empresa pequeña, se le exigió entregar un porcentaje de su contrato para poder continuar prestando servicios, situación que, aseguró, se repite con otros proveedores que prefieren guardar silencio para no ser excluidos de futuras contrataciones.
También denunciaron que, en lugar de llevar a cabo licitaciones públicas cuando los montos lo ameritan, se recurre de manera sistemática a adjudicaciones directas, invitando únicamente a empresas que aceptan los porcentajes solicitados. Añadieron que las propuestas técnicas y económicas, así como contratos y adjudicaciones, son elaboradas dentro de la propia Dirección General de Servicios Generales, lo que, afirmaron, vulnera los principios de legalidad y transparencia.
Los empresarios identificaron además a Rogelio Ruiz Rasgado, servidor público del mismo órgano, como presunto operador encargado de definir qué empresas son invitadas a participar en los procesos, siguiendo instrucciones de sus superiores.
Ante esta situación, hicieron un llamado a los integrantes del Órgano de Administración Judicial para que intervengan y revisen los procedimientos de contratación, a fin de que se ajusten a la legalidad y a los principios constitucionales. Advirtieron que la falta de acción podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento de posibles actos de corrupción, lo que implicaría responsabilidad por omisión de quienes tienen la obligación de supervisar y corregir estas prácticas.
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RN/CR
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