Denuncias de abuso y baja judicialización en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México

La Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, dirigida por Ana Alicia Casillas Hurtazo, ha sido objeto de múltiples denuncias por presiones, malos tratos y presuntos actos de tortura tanto por víctimas como por servidores públicos involucrados en investigaciones. A pesar de estas acusaciones, hasta el 1 de julio de 2023, la fiscalía solo logró judicializar el 23.90% de los casos.

En lo que va del año, la Fiscalía de Delitos Sexuales ha iniciado mil 126 carpetas de investigación contra agresores, pero de este número, solo 593 han resultado en vinculaciones a proceso. Esto representa un porcentaje de 52.66% de casos judicializados. Fuentes internas sugieren que la fiscal ha presionado a su personal para aumentar las cifras de judicialización.

El manejo de la fiscalía ha llevado a una situación crítica en la que las víctimas son revictimizadas constantemente. Se ha cuestionado su testimonio para ajustarlo a los intereses de la fiscalía y aumentar sus estadísticas. Además, los servidores públicos son presionados para seguir instrucciones que pueden poner en peligro sus carreras y ética profesional. Se les amenaza con ser removidos de sus cargos si no cumplen con estas instrucciones, todo con el objetivo de alcanzar una "cuota" de casos judicializados, en detrimento de la búsqueda de la verdad.

Ana Alicia Casillas Hurtazo ha sido objeto de denuncias desde su época como agente del Ministerio Público. En 2018, recibió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por su presunta participación en actos de tortura, malos tratos, detención arbitraria e ilegal, y omisiones en la defensa adecuada y acceso a la justicia.

En 2022, se judicializaron 2 mil 223 carpetas, de las cuales solo mil 162 resultaron en vinculaciones a proceso, según datos proporcionados a través de solicitudes de transparencia. Sin embargo, no se cuenta con información detallada sobre cuántos casos han recibido sentencia.

Fuentes señalan la existencia de grabaciones internas en las que la fiscal insta a judicializar más carpetas, lo que ha generado problemas al personal, ya que se descuidan los actos de investigación. Las denuncias de víctimas y servidores públicos incluyen insultos, gritos, conductas discriminatorias y represalias.

La situación plantea interrogantes sobre la efectividad y la ética en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México y subraya la necesidad de abordar estas preocupaciones de manera adecuada para garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de las víctimas.