El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para desplegar 1,500 militares adicionales en la frontera sur, como parte de su estrategia para enfrentar lo que califica como una "crisis migratoria sin precedentes". Esta medida se suma a los 6,700 efectivos ya presentes, entre personal activo y reservistas, en apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La orden presidencial se basa en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, que obliga al gobierno federal a proteger a los estados contra invasiones, y en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según la Casa Blanca, estados como Texas solicitaron esta intervención debido al impacto económico y social de la migración irregular en sus comunidades.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó que esta acción refuerza la seguridad nacional y responde a las promesas de campaña de Trump. “El presidente está cumpliendo con lo que el pueblo estadounidense esperaba: una acción decidida para proteger nuestras fronteras”, afirmó.
Las tropas adicionales realizarán labores logísticas y administrativas, como mantenimiento de vehículos y gestión de datos, sin involucrarse directamente en actividades policiales, en cumplimiento de leyes como la Posse Comitatus de 1878, que prohíbe a las fuerzas armadas actuar como policía en territorio nacional.
Además, Trump evaluará en un plazo de 90 días la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría que los militares asuman funciones policiales en el país. Actualmente, las fuerzas desplegadas no están autorizadas para realizar arrestos ni incautaciones.
En paralelo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, continúa implementando estrategias como la construcción del muro fronterizo y la "Operación Estrella Solitaria" para frenar el paso de migrantes. El estado también trabaja las 24 horas en la detención de redes de tráfico de personas y drogas.
La frontera entre México y Estados Unidos abarca 3,152 kilómetros y cruza siete estados mexicanos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Nuevo México. Texas, el estado con mayor frontera compartida, es un punto clave en las medidas de contención migratoria.