Empresarios de Mérida piden intervención de la FGR por presuntas extorsión
Claudia Bolaños
Propietarios de restaurantes, estacionamientos, gimnasios y otros negocios en Yucatán solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República ante las presuntas extorsiones, amenazas y cobros de piso cometidos por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida.
Los denunciantes aseguran que, pese a haber presentado las denuncias ante la Fiscalía estatal, no han recibido respuesta.
“Ya no solo somos extorsionados por el crimen organizado, sino ahora por las autoridades encargadas de cuidarnos y protegernos”, señalaron los afectados, quienes temen que sus establecimientos sean clausurados y sus dueños encarcelados.
Las denuncias ocurren en un contexto de crecientes señalamientos por irregularidades en la administración municipal encabezada por la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, quien viajará del 13 al 15 de octubre a Europa para participar en la Semana Europea de Regiones y Ciudades, así como en reuniones sobre planeación urbana en Tallin, Helsinki y Espoo.
En lo que va del año, se reportan más de 25 restaurantes clausurados, entre ellos Goat Bar, Los Corralitos y La Jaus, por supuestos incumplimientos de seguridad. Empresarios aseguran que existen prácticas selectivas en las inspecciones, cobros excesivos y retrasos en los permisos.
Entre los funcionarios señalados se encuentran Lizbeth Basto Avilés, Adrián de Jesús Caballero Casanova, Carlos Daniel Hau Ché, Miguel Darío Soto Herrera y José Ricardo Themann Miguel, a quienes se les atribuyen presuntas irregularidades en inspecciones y permisos, con cobros de hasta 400 mil pesos para permitir reaperturas.
Los quejosos demandan una auditoría a las clausuras y permisos otorgados en los últimos dos años, así como una revisión del desempeño de las autoridades municipales, ante el incremento de la delincuencia.