Claudia Bolaños
A 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), extrabajadores de la empresa eléctrica agrupados en el Frente Amplio de Unidad protestaron este miércoles contra el expresidente Felipe Calderón, cuyo gobierno decretó la desaparición del organismo en 2009.
Los manifestantes se concentraron a las afueras del Foro América Libre, encuentro internacional en el que participó Calderón, para cuestionar públicamente al exmandatario y colocar nuevamente en el debate las consecuencias laborales y sociales que, aseguran, dejó la desaparición de la empresa.
Durante la protesta, los manifestantes golpearon una estatua de Calderón que se encontraba tirada en el Complejo Cultural Los Pinos hasta desprenderle la cabeza, en una acción de protesta contra el expresidente.
El hecho ocurrió mientras Calderón participaba en el Foro América Libre, donde centró parte de su intervención en la situación política del país, la democracia, las instituciones y la seguridad.
El expresidente sostuvo que Morena llegó democráticamente al poder mediante los votos, pero acusó al partido de haber “dinamitado” el “puente democrático” después de cruzarlo, al impedir, según su planteamiento, que otras fuerzas políticas puedan volver a gobernar mediante la competencia electoral.
Calderón también advirtió sobre lo que calificó como un riesgo de “captura del Estado” por parte del crimen organizado y llamó a los partidos de oposición a fortalecer su organización territorial y su participación ciudadana.
La protesta de los extrabajadores ocurre a 17 años de la publicación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El 11 de octubre de 2009, Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se extinguió el organismo. El documento argumentó que LyFC presentaba una “comprobada ineficiencia operativa y financiera” y que su funcionamiento ya no resultaba conveniente para la economía nacional ni para el interés público.
El decreto estableció que el organismo conservaría personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación y que el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) actuaría como liquidador.
La desaparición de LyFC impactó directamente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organización que agrupaba a los trabajadores de la empresa.
De acuerdo con el decreto y documentos oficiales posteriores, más de 45 mil trabajadores perdieron su fuente de empleo. Además, alrededor de nueve mil personas que tenían al menos 19 años, seis meses y un día de servicio vieron truncado su camino hacia la jubilación.
El gobierno de Calderón sostuvo que se respetarían los derechos laborales y que las indemnizaciones serían cubiertas conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo.
El SME rechazó la extinción y durante años mantuvo una disputa jurídica y política para intentar revertir sus consecuencias.
En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto de extinción y negó el amparo promovido por el SME. El máximo tribunal precisó que su resolución se limitaba a la constitucionalidad del decreto y que los derechos laborales debían hacerse valer ante las autoridades correspondientes.
Aunque Luz y Fuerza del Centro dejó de operar como empresa pública, las demandas de una parte de sus extrabajadores han continuado, entre ellas la reinserción laboral.
En agosto pasado, integrantes del SME y de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) marcharon a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y plantear, entre otras demandas, alternativas de trabajo para quienes no aceptaron la liquidación.
Para los extrabajadores que participaron en la protesta, las medidas implementadas en los últimos años no han resuelto todas las demandas derivadas de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.