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Gobierno de Graco Ramírez habría pagado un millón de pesos por libro ‘fantasma’
Nación
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos imputó a la extitular de la Secretaría de Cultura, Cristina “N”; el Subsecretario de Fomento a las Artes, Manuel “N”; el ex director general de Gestión Administrativa, Héctor “N”; así como el exdirector general de Museo y Exposiciones, José “N”, debido a que presuntamente gestionaron el pago de casi un millón de pesos para la realización de un libro que nunca fue publicado.
En abril de 2018, tras la muerte de la artista inglesa Joy Laville, el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció la publicación de un libro dedicado a la trayectoria de la pintora y escultora naturalizada mexicana que vivió en la entidad desde 1985.
Esa ocasión el exmandatario dijo que el texto sería escrito por Jorge Fabricio Hernández, ya que fue él quien “platicó con ella horas y días, y ambos reconstruyeron muchas cosas que se verán en ese texto”. La idea era exponer a la ciudadanía la vida y legado que dejó en la entidad la “mujer lila”, como la llamaba su esposo, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia.
Pero el exgobernador ocultó decir que desde el 15 de septiembre del 2015 el Consejo Nacional de Cultura y las Artes (Conaculta) ya le había solicitado la devolución de casi un millón de pesos a la Secretaría de Cultura por el retraso en la entrega del libro.
Y es que el 28 de julio del 2014 Conaculta transfirió el dinero a las arcas del estado y fijó como fecha de entrega del escrito el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero las autoridades de la SCyT pidieron una prórroga al 30 de junio de 2015 y tampoco se cumplió.
Entonces Conaculta pidió la devolución del dinero, sin embargo, no se hizo y por el contrario se hicieron pagos a la editorial “Vettori Impresos” por 590 mil 199 pesos el 28 durante enero de 2016 y también 318 mil pesos en seis transferencias a favor de Fabricio Hernández.
Un dictamen pericial aportado por la Fiscalía Anticorrupción especifica un daño patrimonial por 908 mil 999 pesos por concepto de los pagos realizados y los cuales no se encuentran justificados.
Tras realizar la imputación, la agente del Ministerio Público solicitó al juez como medidas cautelares, la imposición de firma periódica mensual y la prohibición para salir del país, en tanto, se otorgaron 144 horas a la defensa para la audiencia de vinculación a proceso.
Imagen: Cuartoscuro
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FT/CR
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