Claudia Bolaños
El presupuesto planteado para 2027 no fortalece a las instituciones responsables de garantizar la seguridad y la justicia en México, advirtió el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez, quien señaló que la falta de recursos para policías, fiscalías, ministerios públicos y juzgados se traduce en rezagos, investigaciones lentas y menor capacidad del Estado para combatir al crimen.
Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador analizó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 junto con los especialistas en finanzas públicas Paco Lezama y Mario Di Costanzo.
Moreira Valdez puso énfasis en las condiciones laborales de los policías municipales, quienes perciben en promedio alrededor de 8 mil 500 pesos mensuales y, en muchos casos, carecen de seguridad social y de un sistema pensionario que proteja a sus familias.
“No son apostolados”, afirmó el priista, al destacar que se trata de trabajadores profesionales que realizan una de las tareas más riesgosas del servicio público y requieren condiciones laborales dignas.
El coordinador parlamentario advirtió que las limitaciones presupuestales también impactan al sistema de justicia, donde existen pocos jueces, infraestructura insuficiente y un número limitado de ministerios públicos, quienes además enfrentan bajos ingresos y restricciones para realizar sus funciones.
Moreira contrastó esta situación con los recursos destinados a los proyectos emblemáticos del gobierno federal, que mantienen alrededor de 152 mil millones de pesos para obras y empresas como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, el Tren Interoceánico y Mexicana de Aviación.
Paco Lezama explicó que, al comparar los recursos destinados al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República en los Ramos 3, 17 y 49, se pasa de 132 mil 800 millones de pesos en 2018 a 93 mil 158 millones de pesos en la propuesta para 2027, lo que representa una reducción cercana al 30 por ciento en términos reales.
El especialista agregó que, al acumular las diferencias presupuestales registradas desde 2018, la brecha alcanza aproximadamente 220 mil millones de pesos, lo que contribuye a explicar los rezagos en la impartición de justicia y la investigación de delitos.
En el caso de la Fiscalía General de la República, detalló que el presupuesto pasaría de alrededor de 24 mil millones de pesos en 2018 a 20 mil millones en 2027, una reducción aproximada de 15 por ciento y una pérdida acumulada de 22 mil millones de pesos.
También alertó sobre la reducción de recursos para las corporaciones estatales y municipales. Señaló que los fondos destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública pasarían de 7 mil 500 millones de pesos en 2018 a mil 200 millones en 2027, una disminución de 84 por ciento.
Lezama sostuvo que esto implica menos recursos para patrullas, cámaras, chalecos, municiones y otras herramientas necesarias para las corporaciones encargadas de combatir al crimen.
Mario Di Costanzo reforzó el señalamiento sobre las condiciones laborales de los policías y expuso que un beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro puede recibir un apoyo mensual superior al salario de un policía municipal y contar además con seguridad social.
Moreira Valdez insistió en que la austeridad no debe convertirse en un argumento para debilitar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Advirtió que si el Estado pretende mejorar la seguridad, investigar los delitos y garantizar justicia, debe invertir en policías, fiscalías y juzgados, así como en el personal y la infraestructura necesarios para que puedan cumplir con sus funciones.
El diputado llamó a revisar las prioridades del gasto público y evitar que la reducción de recursos termine por limitar la capacidad institucional para enfrentar al crimen y atender las demandas de justicia de la población.