Claudia Bolaños
Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantearon que deben ser observados los antecedentes y señalamientos que pesan sobre el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, particularmente aquellos relacionados con su desempeño como funcionario electoral en Tabasco.
El Grupo Parlamentario del tricolor vincula políticamente a Jorge Montaño Ventura con el senador morenista Adán Augusto López Hernández y sostiene que su trayectoria electoral estuvo favorecida por esa relación.
Los señalamientos incluso colocan a Montaño dentro de una presunta red de funcionarios y colaboradores identificada como “La Barredora”, al relacionarlo con personajes cercanos al exgobernador de Tabasco y con decisiones en organismos electorales.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra que Montaño fue designado consejero del INE en 2023, cuando López Hernández se desempeñaba como secretario de Gobernación, además de su paso por cargos electorales durante gobiernos vinculados al tabasqueño.
Señalan su participación, como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en el proceso para adquirir un inmueble para ese organismo, operación que posteriormente fue objeto de procedimientos administrativos y una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia estatal.
De acuerdo con los documentos citados en los señalamientos, en 2013 la Contraloría del instituto electoral determinó que Montaño Ventura y otros funcionarios habían incurrido en negligencia en el desempeño de sus funciones y propuso sanciones, incluida la inhabilitación.
En 2014, el Órgano Superior de Fiscalización presentó una denuncia de hechos que derivó en una averiguación previa y en órdenes de aprehensión, entre ellas contra Montaño Ventura. Un año después, el Congreso de Tabasco aprobó la declaración de procedencia en su contra para separarlo del cargo y permitir que continuara el proceso por la presunta comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.
Posteriormente, un juez federal le concedió un amparo y en 2017 regresó al Tribunal Electoral local como magistrado, sin que se le fincara responsabilidad, según el documento.
Los senadores priistas consideran que estos antecedentes deben ser tomados en cuenta y observados en el desempeño actual de Montaño como integrante del Consejo General del INE, particularmente ante las decisiones que corresponden al órgano electoral rumbo al proceso electoral 2026-2027.
El señalamiento adquiere relevancia debido a que Montaño forma parte actualmente del Consejo General del INE y participa en decisiones relacionadas con la organización, fiscalización y vigilancia de los procesos electorales. El propio instituto registra su participación en asuntos correspondientes al proceso electoral local 2026-2027.
La petición de los legisladores priistas coloca nuevamente bajo escrutinio los antecedentes del consejero y plantea la necesidad de que cualquier señalamiento sea revisado con base en expedientes, resoluciones y elementos documentales, sin prejuzgar sobre responsabilidades que no hayan sido acreditadas por una autoridad competente.