Claudia Bolaños
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de reforzar el control sobre el armamento en el país. Entre los cambios más destacados se encuentra la prohibición expresa de armas fabricadas mediante impresión tridimensional o de manera artesanal.
Además, el decreto establece sanciones para quienes porten armas reservadas al uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, así como para el uso de vehículos particulares blindados que cuenten con adaptaciones para emplear armamento.
El documento otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de autorizar el uso de armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra, siempre que se justifique su necesidad, ya sea de forma individual o como corporación.
Asimismo, se contempla la posibilidad de que servidores públicos extranjeros —acreditados ante el gobierno mexicano y pertenecientes a áreas de migración o aduanas— puedan portar armas de manera temporal al participar en labores de inspección en puntos de tránsito internacionales, siempre bajo el principio de reciprocidad.
En materia preventiva, la reforma ordena que tanto el Poder Ejecutivo Federal, como los gobiernos estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, implementen campañas educativas permanentes enfocadas en la cultura de paz y el desarme. Estas campañas deberán incluir información sobre materiales explosivos, pirotecnia y sustancias químicas, así como los riesgos asociados a su manipulación.
El decreto puntualiza que el artículo 1 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es de orden público e interés social, y su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. Su objetivo principal es regular el registro, control, vigilancia y sanción de actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos y sus componentes.
Estas reformas surgen tras la aprobación del Senado el pasado 30 de abril, en un esfuerzo por endurecer el marco legal, combatir el tráfico y uso ilegal de armas, y fomentar un enfoque legal y social que priorice la seguridad ciudadana.
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