Sheila Casillas
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la extinción de 109 fideicomisos.
El mandatario de la entidad solicitó al Alto Tribunal que se revise y revierta esta decisión que fue aprobada por senadores y diputados de Morena.
“Esta decisión expropia recursos a objetivos estratégicos para el país, en cultura, ciencia y tecnología, deporte, medio ambiente, atención a desastres naturales, protección a derecho humanistas y periodistas. Se generará una distribución discrecional y arbitraria de los recursos”.
De acuerdo con Corral, el decreto que extingue 109 fondos y fideicomisos, afecta áreas sensibles de necesidades para la población en materia de salud, educación, deporte, cultura, ciencia, tecnología, atención a desastres naturales, así como la protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
“Buscamos revertir mediante esa controversia, los efectos negativos de esta extinción, y de forma inmediata y de entrada, lo que buscamos es que sean suspendidos los efectos del artículo cuarto transitorio del decreto, por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a concentrar todos los recursos de estos fideicomisos y a distribuirlos de manera discrecional”, señaló.
Este miércoles, los diez gobernadores que conforman la Alianza Federalista anunciaron que interpondrían una controversia constitucional en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos que determinó el gobierno federal, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021.
A través de un comunicado, los mandatarios estatales anticiparon que con esto dará inicio la ruta legal para defender los recursos federales en el siguiente año.
“Los gobiernos de la Alianza Federalista iniciamos la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las controversias constitucionales en contra de la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos. “La Alianza Federalista, comprometida con los altos intereses de la ciudadanía y la constitucionalidad de los actos de autoridad, da inicio así a la defensa de los fideicomisos y fondos, así como de sus beneficiarios para fortalecer los pilares del desarrollo y la certeza de su disposición”, expresaron.