Una jueza federal dictó la medida de prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras siete personas señaladas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando relacionados con una investigación por huachicol fiscal. Como parte de la resolución, Ruffo permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa el proceso judicial.
La audiencia inicial se prolongó por más de 30 horas y concluyó con la imposición de la medida cautelar para los ocho imputados. La Fiscalía General de la República sostiene que los acusados habrían participado en una red dedicada al ingreso irregular de combustible al país mediante operaciones de contrabando, por lo que les atribuye los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Durante la diligencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será en los próximos días cuando la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los imputados. Mientras tanto, permanecerán bajo la medida cautelar impuesta por la jueza.
El caso forma parte de las investigaciones federales sobre una presunta red de huachicol fiscal que, de acuerdo con las autoridades, habría ocasionado un daño millonario al erario mediante la importación y comercialización irregular de combustibles.