Claudia Bolaños
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito expresó su preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas y la erosión del Estado de Derecho en el país, al advertir riesgos para la independencia judicial y el cumplimiento de compromisos internacionales.
A través de un comunicado, la organización subrayó que la certidumbre jurídica es un elemento fundamental para el desarrollo económico, por lo que rechazó que su postura sea contraria a la inversión. En ese sentido, denunció lo que calificó como una destrucción sistemática del marco institucional que garantiza dicha certeza.
La Jufed identificó tres agravios principales que, a su consideración, comprometen la estabilidad nacional: el desmantelamiento de la transparencia, al señalar que los organismos encargados del acceso a la información han sido cooptados; la captura del arbitraje electoral, al acusar la subordinación de autoridades electorales al poder político; y la afectación a la independencia judicial, que calificó como el núcleo del Estado de Derecho.
Sobre este último punto, criticó la reforma judicial de 2024, al considerar que fue impulsada mediante prácticas irregulares y mecanismos que, según afirmó, privilegiaron intereses políticos sobre criterios profesionales.
La organización también advirtió que la falta de un Poder Judicial autónomo impacta directamente en la protección de derechos, al asegurar que trabajadores y pensionados enfrentan la cancelación de beneficios y dificultades para acceder a la justicia, debido a resoluciones que calificó como masivas y sin análisis individual.
Asimismo, alertó sobre las implicaciones internacionales de este escenario, al señalar que se pone en riesgo el cumplimiento de acuerdos comerciales y compromisos en materia de derechos humanos. En particular, dirigió un llamado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, al cuestionar la confiabilidad del país como socio comercial ante el debilitamiento del marco legal.
La Jufed sostuvo que México está obligado a respetar los tratados internacionales de los que forma parte, especialmente aquellos relacionados con la protección de derechos humanos, y advirtió que el deterioro institucional compromete la capacidad del Estado para cumplir con dichas obligaciones.
La organización aseguró que mantendrá su postura de denuncia frente a lo que considera prácticas autoritarias y reiteró que sin independencia judicial no existen garantías de libertad ni de acceso efectivo a la justicia.