Justicia chilena investiga manipulación de estadísticas sobre el Covid

Un conjunto de querellas presentadas ante la justicia desde distintos sectores, entre los que se cuentan, alcaldes, concejales y asociaciones de empleados fiscales y derechos humanos de Chile, han llevado a que se abra una investigación que tiene en la mira, el proceder del exministro de Salud, Jaime Mañalich, y del propio Presidente de Chile, Sebastián Piñera.

En el contenido de su declaración, una exfuncionaria del Ministerio de Salud, apunta directamente a la gestión de Jaime Mañalich, denunciando que recibió órdenes de manipular los datos que constituirían las cifras oficiales que proporcionaba la entidad a la opinión pública.

Específicamente, se describe, “el 24 de abril, llegó una orden desde el gabinete del ministro, quien ese viernes ya había dado a conocer una cifra de personas contagiadas en una conferencia de prensa. Tras esto, se le solicita manipular la base de datos de contagiados por el virus, disminuyendo los casos hasta que calzaran con las cifras que entregaba el ministro. Ante su negativa, dijo, se usó otra fórmula: hacer el corte del cálculo cada vez más temprano para evitar cifras superiores a las ya difundidas por la autoridad”. En su declaración, la extrabajadora, menciona al menos a seis testigos que tomaron conocimiento de la situación.

El manejo extremadamente hermético del Gobierno en sus resoluciones sobre la pandemia Covid-19 y su impacto, según describen las denuncias, llevaron a que la justicia solicite acceso a los correos electrónicos de dicho ministerio, requerimiento que ha sido negado tajantemente por las defensas, tanto del exministro Mañalich, como del propio presidente Piñera.

Con recurso legal, interpuesto ante la Corte Suprema, argumentan que la facilitación de los correos es una diligencia “infundada” cuyo sustento se basa en “meras elucubraciones”.

Adicionalmente, insisten en la razón esgrimida por el actual Ministro de Salud, Enrique Paris, quien negó el acceso a la información alojada en los correos electrónicos, incluso con la presencia de funcionarios de la Policía de Investigaciones en la repartición del Ministerio de Salud y con orden judicial. En el momento, Paris argumentó que son “documentos reservados, cuya divulgación afecta a la seguridad nacional”.

La postura del Gobierno ha sido categórica, según su propio vocero, el ministro Jaime Bellolio, no se trata de un intento por ocultar algo, sino “todo lo contrario”. “Por supuesto que vamos a colaborar con todo aquello que se solicite, pero no en esta tesis de pesca de arrastre, sino que con información específica que realmente aporte a los hechos investigados. El Ministerio de Salud está disponible a entregar aquellas informaciones específicas que se les solicite”, advirtió.