La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriela Jiménez Godoy, junto con diputadas y diputados de esta bancada, expresaron una enérgica condena ante las amenazas de muerte y actos de violencia de género dirigidos contra su compañera, la diputada federal María Teresa Ealy Díaz.
Ante estos hechos, las y los legisladores manifestaron su total solidaridad con Ealy Díaz y subrayaron la necesidad de garantizar su seguridad y la de su familia. “No vamos a permitir que la violencia silencie a quienes ejercen su derecho a legislar y a alzar la voz por el bienestar del país”, señaló Jiménez.
El grupo parlamentario hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás autoridades competentes para que se activen de inmediato las medidas de protección correspondientes.
Asimismo, las y los legisladores reafirmaron su compromiso de acompañar el caso hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables de lo que consideran un claro acto de violencia política en razón de género.
Jiménez Godoy precisó que las amenazas, enviadas por WhatsApp el pasado lunes, no solo se dirigieron contra la diputada, sino también contra su familia, como consecuencia de sus posturas legislativas y su labor en temas vinculados con la violencia contra las mujeres.
“Ninguna mujer, y mucho menos una representante popular, debe ser amenazada, intimidada o violentada por ejercer su función legislativa o por denunciar actos de corrupción, violencia o impunidad. Levantar la voz no debe ser una sentencia”, insistió Jiménez Godoy.
El marco jurídico mexicano, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla cinco tipos de violencia, incluyendo la violencia política en razón de género, incorporada en 2020 como una forma específica de agresión que busca limitar la participación política de las mujeres.
A nivel internacional, tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW respaldan el derecho de las mujeres a intervenir plenamente en la vida política, sin ser objeto de violencia o discriminación.
Datos del Instituto Nacional Electoral y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres indican que más del 60% de las mujeres en cargos públicos han enfrentado violencia política, muchas veces con repercusiones severas en su bienestar y trayectoria profesional.
En ese contexto, Jiménez Godoy recalcó la importancia de proteger la libertad de expresión de las y los legisladores y fomentar condiciones reales de equidad de género en el ejercicio del poder. “La violencia política contra las mujeres no puede ni debe normalizarse en ninguna instancia del poder”, concluyó.