Legislar contra la población

Hay ejemplos de graves vulneraciones a varias bases de datos para desconfiar de la idoneidad del nuevo registro: desde el padrón electoral que se vendía por internet, hasta el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) creado en 2009 y cancelado en 2012 y que también se ofertaba hasta por 500 pesos.

En meses pasados se reveló que la información de cientos de miles de servidores públicos contenida en sus declaraciones patrimoniales estuvo expuesta en internet por una falla en la plataforma informática de la Secretaría de la Función Pública.

El nuevo padrón deberá contener una gran cantidad de datos de quienes adquieran una línea celular, tanto en prepago como en pospago, incluidos los biométricos (por ejemplo, las huellas dactilares e iris) que son catalogados como sensibles por la ley de protección de datos personales. Estos se sumarán a los que comúnmente se piden: nombre, dirección, CURP, credencial del INE (que incluye fotografía), firma y número de tarjeta de crédito. Tal cantidad de información personal resulta excesiva.

El robo de celulares es de lo más común en México. Todos los días se roban en el transporte, en la vía pública, en restaurantes o bares en donde se despoja a las personas de su dinero, tarjetas y celulares. Estos aparatos son luego vendidos y su desbloqueo también es posible.

Esos aparatos y sus tarjetas SIM con que opera la línea se usan para extorsiones y “secuestros virtuales”, vaciar tarjetas bancarias, hacer compras fraudulentas y usar la información personal, fotos y videos para otros delitos.

Si se comete un delito usando un celular, el sospechoso será quien la contrató, a menos que demuestre lo contrario. Eso fue lo que aprobaron los diputados, entre otras cosas.

De nada sirvieron las advertencias de los especialistas que explicaron a los diputados los riesgos para la población (96 de cada 100 habitantes tiene un celular, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones) y la inutilidad de dicho padrón para combatir la extorsión y el secuestro. Con el Renaut aumentaron esos delitos.

Opciones: que el Senado frene el nuevo despropósito y atienda las recomendaciones de los expertos antes de legislar contra la población. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, votó por desaparecer el Renaut siendo legislador por el Partido del Trabajo en 2011.

“México se encuentra sumido en una dinámica de reproducción de delitos telefónicos. Hizo énfasis en que se debe proteger mejor la confidencialidad de los datos personales de los usuarios para que no haya fallas y pérdidas de bases de datos como sucedió con el Renaut”, recuerda el boletín 1004 publicado el 7 de septiembre de ese año por el Senado.

De aprobarlo el Senado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) podría interponer una acción de inconstitucionalidad, ahora que la mayoría de sus integrantes han cambiado. En 2014 una mayoría de comisionados votó en contra de controvertir ante la Suprema Corte tres artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por violar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.