Libran de impuestos a Elba Esther Gordillo otra vez

El TFJA anuló la resolución que obligaba a la ex lideresa del SNTE a pagar ISR, recargos y multas por la suma de 16 millones de pesos

Este miércoles, por segunda ocasión, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), anuló la resolución impugnada que obliga a Elba Esther Gordillo Morales, el pago de impuestos sobre la renta, recargos y multas por 16 millones 174 mil 75 pesos, con 73 centavos, correspondientes al ejercicio fiscal 2010.

La sentencia de los magistrados permite al Sistema de Administración Tributaria (SAT), reponer el procedimiento de fiscalización en contra de Gordillo Morales en un plazo de cuatro meses.

El pleno del TFJA declaró “fundados” los argumentos de la ex lidereza del magisterio, quien en su momento señaló que la autoridad fiscalizadora “violentó su garantía de audiencia y su derecho humano de acceso a la justicia”, ya que no obtuvo la posibilidad de ejercer de manera efectiva su garantía de audiencia, debido a que se encontraba privada de la libertad durante el periodo en el que tenía que comprobar sus impuestos.

La magistrada Nora Elizabeth Urby Geel señaló que “dicho acontecimiento, propició que se encontrara disminuida de su capacidad para recabar y presentar ante la autoridad fiscal los documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones que se debió conocer el 27 de octubre de 2015, situación que no fue considerada por la autoridad al emitir el crédito fiscal respectivo”.

Asimismo, dijo que debido a que Elba Esther Gordillo ya no tenía el cargo de presidenta vitalicia del SNTE, y se encontraba privada de la libertad constituyeron “un obstáculo real” que le impidió obtener la documentación que requería para su defensa.

Elba Esther Gordillo ganó un juicio de amparo contra del pago del impuesto sobre la renta (ISR) por un total de 9 millones 431 mil 418 pesos que le fueron atribuidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

“En las pruebas aportadas por la accionante, se constató que el SNTE negó en reiteradas ocasiones su petición relativa a que se le proporcionara la documentación que le permitiera demostrar ante la autoridad el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siendo evidente que la garantía de audiencia no produjo su efecto esperado”.

“Se concluye que la actora al estar privada de la libertad no pudo actuar por ella misma y por tanto realizar lo jurídico y humanamente posible para allegarse de la documentación necesaria para desvirtuar los hechos y omisiones que le dieron a conocer (el SAT) a través del oficio de observaciones”.