Luz Raquel en voz de sus representantes

La joven activista solicitó tiempo atrás una orden de restricción ante la violencia de la que era objeto por parte de un vecino, posiblemente si una autoridad se hubiera percatado de lo que Luz Raquel vivía día con día seguramente habría actuado de forma inmediata, hoy el vecino está detenido y lo está por la indignación que generó el caso no porque se le haya comprobado que tuvo una participación directa en el crimen. Ante las evidencias y omisiones en el caso, la autoridad ha salido a hablar y tratar de explicar lo que está pasando.

Para el gobernador de Jalisco, la reflexión sobre el suceso es la siguiente, “Sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, este es un problema que evidencia una descomposición social brutal y creo que es necesario hacer un ejercicio de reflexión en ese sentido”. En efecto, el gobernador puede pensar que la sociedad se encuentra en una crisis severa y es capaz de las peores atrocidades, pero la pregunta para la autoridad en este caso sería, si hay una sociedad que se comporta de manera brutal, ¿no es necesaria la presencia de un Estado que impida que su población se haga daño entre ella?.

Reforzar la presencia del Estado, no es hacer uso excesivo de fuerza, tampoco es un asunto de tener más patrullas, más policías, es un asunto de procedimientos. Los actores políticos en general parecen vivir en una realidad paralela, el común de la ciudadanía lo que tiene que vivir día con día es la lentitud de la burocracia judicial, los malos servicios cuando se tiene un problema legal, la mayor parte de la ciudadanía sabe que el proceso para levantar una denuncia es largo y el seguimiento mucho más, por eso en la mayoría de las ocasiones prefieren no denunciar.

Esta el caso del presidente de la República su diagnóstico sobre la tragedia en Zapopan lo asocia al neoliberalismo, "Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyó todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal", a ello asocia la pérdida de valores morales y espirituales. Lo preocupante de este diagnóstico es pensar que entonces el gobierno debe de modificar los valores de una sociedad, de ahí que piense que haciendo una cartilla moral o cargando imágenes religiosas en la cartera las cosas se solucionarán. El gobierno no está para promover ciertos valores está ahí para hacer valer el estado de derecho.

En medio de esta coyuntura y aprovechando el receso legislativo en el Congreso de Jalisco, se presentó una iniciativa para aumentar las penas contra los feminicidas, la prisión que la legislación vigente establece para quien cometa un feminicidio en Jalisco va de tres días a 70 años, el cambio que se propone con la iniciativa es que la pena máxima sea la prisión vitalicia. El populismo judicial es una vieja receta para resolver los problemas relacionados con crimen e inseguridad, pero este tipo de propuestas están lejos de resolver el problema, antes de pensar en el castigo se debe de pensar en cómo detener al infractor, en cómo darle un seguimiento a una denuncia, en cómo proteger a quien presenta una denuncia.

El problema con estos actores que se ostentan como transformadores es que los procesos de cambios los asocian a los buenos deseos, a las buenas intenciones, a la voluntad de cambio, a su reputación, a su palabra, pero no necesariamente en acciones concretas que se traduzcan en una disminución de los niveles de violencia o en garantizar mayores niveles de seguridad. No es que los problemas los hayan generado ellos porque ya vienen de tiempo atrás, el problema está en que sus diagnósticos son erróneos.

Luz Raquel murió ante los ojos de toda la sociedad porque el sistema fue incapaz de darle la certeza y la protección necesaria. La burocratización de un sistema que requiere tocar diferentes puertas para obtener justicia es responsable de lo que ocurrió, hoy la Fiscalía y la Comisaria de Zapopan son incapaces de determinar en donde fallaron, ya que las autoridades consideran que hicieron su trabajo correctamente. Este caso y otros deben de obligar a pensar a las autoridades sobre la forma en la que se viene trabajando en la procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor @Integridad_AC