En México, el acceso a los servicios de salud registró un deterioro significativo entre 2018 y 2024, al duplicarse la población que carece de atención médica, pasando del 16% al 34%, lo que equivale a 41.9 millones de personas. Este retroceso afecta especialmente a los hogares con menores ingresos, alertaron especialistas durante un foro organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 había 20.1 millones de personas sin acceso a servicios de salud, cifra que aumentó a 41.9 millones en 2024. "En seis años se incrementó en 21.8 millones el número de personas que no tenían acceso a algún servicio de salud", detalló la organización.
La desigualdad se acentúa entre los distintos niveles socioeconómicos. En el decil I, que agrupa a los hogares con menor nivel económico, se registraron 9.7 millones de personas sin acceso, frente a 1.8 millones en el decil X, correspondiente a los ingresos más altos. Asimismo, ocho estados presentan un índice crítico, con más del 40% de la población sin servicios: Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Estado de México.
Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, subrayó la urgencia de atender esta problemática: "Urgen acciones que reviertan este franco retroceso y garanticen servicios de salud con calidad y equidad, poniendo especial atención a quienes viven en pobreza y pobreza extrema".
Los especialistas coincidieron en que la falta de acceso a la salud limita la movilidad social y amplía las brechas de desigualdad. De acuerdo con el INEGI, el 75% de las personas en pobreza extrema y el 59% de quienes viven en pobreza enfrentan carencia de servicios. Además, la situación afecta también a la población ocupada: 36% de quienes tienen empleo, es decir, 22.7 millones, no cuentan con acceso a servicios médicos, con mayor incidencia entre los trabajadores de menores ingresos.
Carlos Vázquez, investigador de México Evalúa, destacó la relación entre desigualdad y empleo: “El 34 % se atiende en el sector público, 66 % en el privado y 6% no se atiende”. Asimismo, alertó sobre el incremento en el gasto de los hogares en medicamentos: “En 2024 el promedio fue de 480 pesos trimestrales, poco más del doble de lo que gastaban en 2018, cuando eran 222 pesos”.
Por su parte, Judith Méndez, directora adjunta de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advirtió sobre la reducción del presupuesto público en salud: "Mientras en 2018 se destinaba el 4.6% del PIB, para 2026 se perfila que sea alrededor del 1.7%. Mientras menos invirtamos como país, esta presión se está trasladando al bolsillo de los hogares, en donde alrededor del 40% se destina a la compra de medicamentos”.
Los expertos coincidieron en la necesidad de establecer un sistema integral, eficiente y universal que garantice el derecho a la salud sin depender del estatus laboral. "La salud es un derecho universal, no debe ser vista como una prestación; revertir el deterioro en la atención debe ser una prioridad de los gobiernos, tanto federal como estatales", concluyeron.