Modelo policial profesional, no gubernativo, para México

Columnas lunes 05 de julio de 2021 -

Por Manelich Castilla

He sostenido en distintas ocasiones la necesidad de “despresidencializar” la agenda en materia de seguridad pública. La razón es simple: un modelo gubernativo policial está sometido a la voluntad y agenda ideológica del gobierno en turno y no a los intereses de la sociedad. (Francesc Guillen, 2016).

Las mejores prácticas a nivel internacional son las que han consolidado un modelo profesional de la función policial que garantiza su desarrollo y permanencia a través de la construcción de perfiles óptimos y labores definidas, con independencia de qué signo político gobierne.

A propósito del discurso a 3 años de la victoria del actual presidente se dijo, entre otras cosas, que cuando la actual administración asumió el poder, los cárteles de la droga y los grupos del crimen organizado ya existían, por ende, era responsabilidad del pasado la violencia del presente.

El presidente tiene razón. Empero, lo mismo pudieron decir todos sus antecesores en el cargo, empezando por Francisco I. Madero, pues el crimen organizado, bajo el esquema vigente hasta hoy, nace en Europa a finales del siglo XIX y se expande por todo el mundo, incluyendo América Latina. Sin Embargo, fue hasta la década de los 90 que se contó con una ley específica para su combate, como resultado de la inercia que a nivel internacional se construyó a partir de la Convención de Palermo.

La propuesta en materia de seguridad pública del actual gobierno parte de una noble intención: atender problemas de fondo en materia de criminalidad, como dotar de un ingreso económico a los jóvenes y mantenerlos alejados de la tentación de delinquir. Para un sector de la sociedad es un apoyo importante y quizás cumpla en parte con el objetivo. Sin embargo, el control sobre el crimen organizado exige más que eso y es aquí donde se torna fundamental contar con un modelo profesional en su atención y no uno gubernativo.

Dijo el presidente, al justificar la idea de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la manera de garantizar su permanencia y “que no suceda lo que pasó con la Policía Federal”. Y lo que pasó con la Policía Federal fue que él decidió desaparecerla.

La creencia de que bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas la naciente Guardia Nacional estará a salvo, refleja la visión gubernativa de la seguridad. De consumarse esta idea, el saldo en materia de infraestructura y personal para la seguridad pública al final de la administración será nulo, pues lo que se hará es engrosar de manera importante el estado de fuerza del Ejército Mexicano y decretar la muerte de la Policía civil a nivel federal.

El desdén hacia la seguridad bajo la óptica civil, obstruye también el cumplimiento de metas de la Guardia Nacional, pues su óptima operación necesita del acompañamiento de corporaciones civiles en la investigación de los delitos. En algunos países existen fuerzas de seguridad intermedia -como la Guardia Nacional- que conviven con corporaciones civiles responsables de la seguridad pública, como España e Italia.

Con tres años por delante, hay tiempo de repensar la estrategia de seguridad y no dar el puntillazo a la función policial federal. Sería deseable que, así como se creó la Guardia Nacional, fortalezcan instancias relevantes como la policía dependiente de la Fiscalía General de la República, responable, ni más ni menos, que de investigar delitos.

Hay tiempo de rescatar un modelo policial profesional. Optar por uno gubernativo, al servicio del poder, sería un error con graves consecuencias en el futuro.