Nada nos asombra.

El 25 de agosto de 2011, un grupo de personas ingresó en el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, llevando consigo botes llenos de gasolina que arrojaron a las alfombras, mobiliario e instalaciones, para de inmediato prender fuego y quemarlo con clientes y empleados dentro del lugar.

El incendio cobró magnitudes importantes, pues ocasionó la muerte por asfixia o quemadura de 52 personas. Este ataque significó la punta del iceberg de la escalada de violencia que se vivió durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, derivada de la denominada guerra contra el narcotráfico que nos había presentado otras escenas como autos bomba, fosas clandestinas con cientos de cadáveres y asesinatos masivos frecuentes.

La madrugada del 30 de junio de 2014, tuvo lugar un enfrentamiento en un bodega en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La versión inicial fue que militares se encontraban realizando labores de reconocimiento en la zona cuando vieron dentro de un inmueble a personas fuertemente armadas, por lo que decidieron ingresar al mismo, lo que desató un intercambio de disparos que concluyó con la muerte de 22 personas, de las cuales según lo determinado por la CNDH en la recomendación 51/2014, 15 fueron ejecutadas por militares, entre ellas, 3 menores de edad.

Este suceso, junto con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, marcaron el sexenio del presidente Peña Nieto, lo que sumado a las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y tortura, la inseguridad ciudadana generalizada en el país, los enfrentamientos y ajustes de cuentas entre los grupos criminales y la falta de acceso a la justicia e impunidad, condujeron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a determinar en el informe ejecutivo de 2015, relativo a la situación de los DDHH en México, que desde el 2006 atravesamos una grave crisis sistémica de violencia y seguridad.

A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2018, y de la esperanza que éste generó, especialmente en materia de seguridad y paz, la situación en nuestro país no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado, de acuerdo con datos oficiales del propio gobierno federal. Esta misma semana, medios de comunicación y redes sociales dieron cuenta de que aproximadamente una centena de personas con armas de alto poder, tomaron un mercado y calles ubicadas en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el principal centro turístico de Chiapas, dejando como postal gente refugiada en supermercados, presa de fuego cruzado.

A este último suceso, debemos sumar múltiples enfrentamientos y masacres que han tenido lugar, entre otros, en Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Morelos, de diciembre de 2018 a la fecha, en una escalada que comienza a configurar una crisis aún mayor que la heredada por el gobierno actual de las 2 administraciones pasadas.

Nuestro Estado de Derecho y el sistema de justicia en México son absolutamente inoperantes ante esta crisis. No importa qué partido o persona gobierne, las cosas no mejoran en este relevante rubro. Pactos sociales abandonados, canales jurídicos rotos, instituciones ausentes y, en medio de ello, una sociedad que ante la absoluta indefensión ha adoptado por el mecanismo de no asombro y la normalización de esta condición grave; quizás, porque entiende que no tiene más salida que volverse insensible ante esta realidad, lo que utiliza como una fuga. Hemos perdido con ello, una enorme dosis de nuestra humanidad.