Necesario estandarizar sanciones a violencia contra las mujeres

Claudia Bolaños

Una Ley General de combate a la violencia a mujeres es necesaria para homologar los tipos penales en el país, ante el incremento de este delito, considero el doctor en Derecho, Israel Alvarado Martínez.

Al igual que paso con el secuestro y las figuras delictivas de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral, debe tratarse este flagelo para la población femenina de todas las edades, dijo.

"Lo mismo violencia psicológica que patrimonial, económica, sexual o física —desde tentativa de lesiones, hasta feminicidios consumados—, y con cualquier medio, estrato o finalidad: violencia mediática, cibernética, política, con medios corrosivos o inflamables, por mencionar algunos.

"Alrededor de este panorama dantesco y desolador, se han aglutinado esfuerzos de la sociedad civil, organismos autónomos, órganos legislativos y de la propia administración pública. Y esto, en todos los niveles posibles, desde el municipal, hasta el ámbito internacional, pasando por la actuación de nuestras entidades federativas y la federación, hasta llegar a organismos internacionales como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)".

Explicó que, en México, la mayoría de las entidades federativas han adoptado figuras jurídicas equivalentes, pero con nombres diversos, dentro de apartados con denominaciones variadas, sino también con sanciones jurídicas muy distintas.

Citó como ejemplo, el delito de violación a la intimidad sexual, y las distintas sanciones en cuatro códigos: el federal, de Durango, Jalisco, y Nuevo León, con sanciones distintas que pueden ir de 1 a 8 años de prisión.

Israel Alvarado, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, calificó lo anterior como "una situación indeseable que en nada abona a la certeza jurídica de nadie, ni de las víctimas, ni de los imputados, ni de la ciudadanía en general".

Señaló que no se desconocen los plausibles esfuerzos que las instituciones del Estado mexicano han hecho para tratar de generar marcos normativos homogéneos, e incluso organismos internacionales, pero los documentos que recomiendan sobre tipos penales a adoptarse por todos los congresos, como el documento orientador denominado Modelo de tipo penal de feminicidio, no son vinculantes.

Y mientras no se cuente con el "tan deseado" código penal único, "queda muy claro que el camino es ese, la creación de Leyes Generales que estandaricen todo lo concerniente a las figuras delictivas de que se trate".

Para eso, añadió el constitucionalista, se deberá contar con una materia concurrente, que requiere estar expresamente prevista por la Constitución; reservar facultades de manera exclusiva para que solo legisle el Congreso de la Unión; establecer un sistema de distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, y generar un modelo de coordinación entre estas autoridades.