Niegan a órganos autónomos ganar más que el presidente 

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Una ministra de la Suprema Corte de Justicia negó hoy a tres órganos autónomos la posibilidad de mantener salarios por encima del previsto para el Presidente de la República, que es de 1.7 millones de pesos anuales en 2020.

La ministra Yasmín Esquivel negó la suspensión al Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que promovieron controversias constitucionales para impugnar el tope salarial del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El único órgano autónomo que por ahora mantiene el derecho a pagar a sus altos mandos salarios superiores a los del Ejecutivo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por una suspensión otorgada esta semana por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en 2019 se inconformaron por el tope, hasta ahora no han presentado controversias contra el PEF de 2020 y, si lo hacen, también serán turnadas a Esquivel.

Banxico, IFT y Cofece podrán impugnar las resoluciones de Esquivel ante las salas de la Corte, pero no está claro si tendrán mayoría para revertirlas, debido a cambios en la integración de dichas salas con respecto a 2019.

Esquivel también consideró que el PEF es una norma general que no puede ser suspendida, tema sobre el cual siempre han existido opiniones encontradas en la Corte, pues hay ministros que lo consideran un mero acto administrativo.

“Se niega la suspensión solicitada por la parte actora en la presente controversia constitucional, expídase las copias certificadas solicitadas por la promovente”, dice en sendos acuerdos publicados en los estrados electrónicos de la SCJN sobre las de controversias constitucionales 358/2019, 1/2000 y 2/2000.

La Suprema Corte destacó que la negativa se da, además, porque no ha habido aplicación concreta de los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se pueden paralizar actos futuros e inciertos.

Las controversias de los tres órganos fueron turnadas a la ministra porque se trató de nuevas demandas, contra el PEF de 2020, mientras que el Inegi tuvo la idea de impugnar el nuevo PEF como una ampliación de la controversia que presentó contra el de 2019, de ahí que su suspensión la resolvió Pérez Dayán.