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Óscar Iván Brito Zapata y Mariana Beatriz Tiburcio, considerados para presidir la Sección Instructora; perfilan análisis jurídico en casos de desafuero
Nación
Claudia Bolaños
Los diputados federales Óscar Iván Brito Zapata, representante por Yucatán, y Mariana Beatriz Tiburcio son considerados entre los perfiles para presidir la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, órgano encargado de analizar las solicitudes de desafuero de legisladores.
Ante esta posibilidad, Brito Zapata señaló que, de asumir esta responsabilidad, actuará con seriedad, responsabilidad y apego a la ley, dejando de lado intereses políticos en la revisión de los expedientes que lleguen a ese órgano legislativo.
El diputado explicó que aún no existe una definición formal, ya que será durante la reunión plenaria del grupo parlamentario cuando se revisen las propuestas y se definan los nombramientos correspondientes.
“Si en este momento es donde uno puede apoyar, puede aportar más, pues se va a hacer con la misma seriedad y la misma responsabilidad con la que hemos asumido otras encomiendas”, expresó.
Sobre el expediente relacionado con el senador Alejandro Moreno, Brito Zapata señaló que, en caso de que llegue una solicitud formal de desafuero, deberá analizarse con base en criterios jurídicos y no políticos.
Explicó que un procedimiento de desafuero requiere una solicitud de la autoridad investigadora, como una fiscalía, para que la Sección Instructora determine si existen elementos para retirar la inmunidad procesal de un legislador.
“El quitar o retirar el fuero a un personaje político no significa para nada que se le está ya enjuiciando o que se le está ya declarando alguna culpabilidad. Lo que se hace desde la Sección Instructora es retirar la inmunidad procesal para que pueda ser investigado”, indicó.
El legislador aclaró que corresponde a las autoridades ministeriales aportar las pruebas y a los órganos jurisdiccionales determinar si existe responsabilidad.
También señaló que cualquier eventual solicitud de desafuero deberá atenderse sin importar el partido político o la identidad del legislador involucrado.
“Si hubiese alguna solicitud para remover el fuero constitucional a algún legislador, sea el que sea, del partido que sea, como se llame, que se formule por parte de la fiscalía, pues evidentemente tendrá que atenderse”, afirmó.
Brito Zapata consideró que el fuero constitucional debe proteger el ejercicio legislativo, pero no convertirse en una herramienta para impedir que las autoridades investiguen posibles delitos.
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OC/CR
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