PRD celebra acuerdo del INE para aplicar la representación proporcional de diputados federales

Claudia Bolaños

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de Representación Proporcional (RP) en la Cámara de Diputados y Diputadas que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que cada uno obtenga en la Jornada Electoral del 6 de junio próximo.

El acuerdo aprobado por el INE busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo el principio constitucional establecido en el artículo 54 de la Carta Magna, que establece que “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Para cumplir con este precepto constitucional se verificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa; es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el o la candidata ganadora tengan una “afiliación efectiva”.

En caso de que la candidata o el candidato triunfador haya contendido por la reelección, en el supuesto que éste no cuente con una “afiliación efectiva” a alguno de los partidos que le postularon, el triunfo será contabilizado, para efectos de la asignación, al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento del registro de la candidatura.

Al respecto, la Coordinadora perredista dijo que este acuerdo evitará que la conformación de la LXV se repitan las marrullerías, las prácticas ilegales y la cooptación del voto que implementó Morena para construir una mayoría artificial al servicio de López Obrador, que se ha convertido en el legislador número uno, pasando por encima de la división de poderes.

“Esta mayoría resultó sumamente lesiva para la democracia del país y el Estado de Derecho porque permitió al Ejecutivo Federal promover reformas que atentaron contra las instituciones, los órganos autónomos, los derechos humanos, la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo económico y el federalismo”, denunció finalmente.