Piden garantizar justicia y asesoría jurídica a migrantes que son testigos o víctimas de delitos graves

Claudia Bolaños

La diputada del GPPRD, Azucena Rodríguez Zamora, consideró que los migrantes que atraviesan el territorio mexicano frecuentemente son víctimas o testigos de delitos graves, abusos y violaciones de derechos humanos, en algunos casos bajo la anuencia de las autoridades gubernamentales, por lo que se les debe de garantizar acceso a la justicia, ya que resultan especialmente vulnerables.

”Todo servidor público que trate con personas migrantes debe asegurarse de que ellas tengan acceso a la justicia y estén debidamente informadas sobre sus derechos a la información, asistencia legal y consular, defensa pública y traductor/intérprete”. 

A través de una Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentó ante la Mesa Directiva, la legisladora propuso adicionar la fracción VIII, al artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, en materia de defensoría jurídica.

Detalló que son varios los riesgos que los migrantes pueden padecer durante su travesía, tales como trata de personas, sufrir actos de delincuencia, hasta abusos de autoridades, aunado a la escasa probabilidad de recibir justicia, ya que tan sólo el 1% de los delitos cometidos contra migrantes en el territorio nacional llegan hasta el juez para abrir un proceso penal, de acuerdo al informe 2019 de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Mencionó que el acceso a la justicia es fundamental para los migrantes, principalmente para quienes corren alto riesgo de ser testigos o víctimas de delitos graves; tales como secuestro, trata de personas, además de robo, asalto y extorsión.

La falta de representación legal gratuita, tiempo y recursos necesarios para llevar a cabo un litigio, falta de dominio del idioma español, desconocimiento de sus derechos y desconfianza en las autoridades son algunas de las razones por las cuales las personas migrantes a menudo no denuncian los delitos que sufrieron.

Rodríguez Zamora consideró que la migración masiva obedece a factores como la pobreza, la delincuencia y el anhelo a una mejor calidad de vida, entre otros, y al atravesar otro país se suma la imposibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa, ya sea por temor a represalias, desconocimiento de nuestro sistema judicial, recursos económicos insuficientes entre otros.