El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo exigiófcb transparencia absoluta en el juicio que se lleva a cabo contra cuatro militares acusados de la masacre de cinco jóvenes ocurrida en febrero de 2022. El proceso judicial, en desarrollo en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, ha sido señalado como un caso emblemático en la lucha contra la impunidad en México.
El organismo, a través de un comunicado, subrayó la necesidad de garantizar un proceso justo y abierto, que permita a las familias de las víctimas conocer la verdad. "Las víctimas no deben enfrentar más obstáculos en su búsqueda de justicia. Exigimos que el juicio se realice bajo estrictos estándares de transparencia", expresó el Comité.
El caso involucra a los cabos de Caballería Agustín "N", Bernardo "N", Jorge "N" y Juan Carlos "N", quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Según la Fiscalía General de la República, los imputados dispararon sin orden previa contra los jóvenes mientras transitaban por el cruce de Méndez y Huasteca, en Nuevo Laredo.
Durante las primeras audiencias, el capitán de Caballería “Elio” testificó haber ordenado el seguimiento del vehículo de las víctimas, pero negó haber instruido los disparos, atribuyendo estas acciones a sus subordinados. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos consideró estas declaraciones como intentos de deslindarse de responsabilidades.
Las familias de los jóvenes, respaldadas por asesores legales, han insistido en la necesidad de que el caso marque un precedente en la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha designado un equipo legal para defender a los acusados.
El Comité enfatizó que la sociedad mexicana debe permanecer vigilante, ya que este juicio podría sentar las bases para combatir futuros abusos de autoridad. “No descansaremos hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, añadió el organismo.
Las audiencias continuarán el próximo martes 28 de enero, con la presentación de nuevos testigos y pruebas por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, las familias de las víctimas y el Comité de Derechos Humanos mantienen su postura firme en favor de un juicio abierto y transparente que haga justicia a las víctimas.
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