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Presentan iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; la firma Sheinbaum
Nación
Claudia Bolaños
El Gobierno federal presentó los principales contenidos de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, propuesta que busca reglamentar la reforma al artículo segundo de la Constitución publicada el 30 de septiembre de 2024 y reconocer plenamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la legislación tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos colectivos de 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que representan a 25.8 millones de personas, equivalentes al 20.5 por ciento de la población nacional.
Dicha propuesta fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante se explicó que está integrada por disposiciones preliminares, ocho libros y un régimen transitorio. El primer apartado establece las bases para que las comunidades ejerzan su personalidad jurídica y mantengan una relación de coordinación con las instituciones del Estado. El segundo desarrolla el derecho a la libre determinación y la autonomía en materias como tierras, propiedad intelectual colectiva, planes de justicia y caminos artesanales.
El tercer libro está dedicado específicamente a los pueblos y comunidades afromexicanas, mientras que el cuarto incorpora medidas para garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos mediante acciones afirmativas, acceso a la tierra, participación política y una vida libre de violencia.
La iniciativa también contempla un apartado para proteger los derechos de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos, con énfasis en jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar y trabajadores de la construcción.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el establecimiento de un marco legal para hacer efectivo el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado cuando medidas administrativas o legislativas puedan afectar a los pueblos y comunidades.
Asimismo, define las competencias de la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para garantizar el cumplimiento de los derechos indígenas y fortalecer mecanismos como la asignación directa de recursos públicos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social destinado a comunidades indígenas y afromexicanas, así como el Anexo Transversal 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La iniciativa incorpora además un capítulo sobre responsabilidades, sanciones y un juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios, figura que el Gobierno considera una innovación dentro del sistema jurídico mexicano.
Las autoridades informaron que la propuesta fue elaborada tras 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias y entidades de lat Administración Pública Federal, además de recibir aportaciones de un Comité Técnico Asesor integrado de manera paritaria por 20 especialistas, del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y opiniones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas relacionados con la impartición de justicia.
El Gobierno federal destacó que, de aprobarse, México contará por primera vez en su historia con una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, destinada a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos y su participación en la vida pública nacional.
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OC/CR
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