Priorizar energía de CFE sobre generación limpia, pide AMLO al Congreso

En 30 días el Congreso deberá aprobar o rechazar la iniciativa sobre la generación de energía en el país, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tiene como objetivo “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE (Comisión Federal de Electricidad), para beneficio del interés nacional”.

El documento firmado por el jefe del Ejecutivo plantea: Otorgar Certificados de Energías Limpias sin depender de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas; eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos que hayan sido obtenidos mediante actos constitutivos de fraude a la ley.

Se trata de una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que busca priorizar la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE por encima de las plantas privadas eólicas y solares, y por último las de ciclo combinado.

La orden, de ser aprobada por el poder Legislativo, limitará la

generación privada de energías renovables para darle preferencia a la producción de la CFE. "Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica", señala el documento.

La iniciativa se suma a la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el argumento que las renovables son intermitentes y afectan el suministro, y que se encuentra pendiente y en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la nación.

La reforma obligaría a que los nuevos permisos del sector estén "sujetos a los criterios de planeación" de la Secretaría de Energía. Obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar los permisos de autoabastecimiento, por lo que las empresas privadas no podrían generar la propia energía que consumen. Y ordena revisar la "legalidad y rentabilidad" de los contratos del Gobierno federal con productores independientes de energía.

López Obrador afirma que estas modificaciones respetan el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector energético a la inversión privada.

"La Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica."

Por ser una iniciativa preferente, el Legislativo debe tramitarla en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en tratarse y dictarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado, será turnado al Senado, que deberá procesarla también en 31 días.

A detalle, de ser aprobada, dará prioridad a las hidroeléctricas de la CFE en la alimentación del sistema eléctrico nacional. En segundo lugar, quedará lo generado en otras plantas de la CFE; luego sobre el uso la energía eólica o solar de particulares, y en último lugar, sobre el empleo de la energía de ciclo combinado de empresas privadas.

“Las reformas en materia energética que diseñaron el modelo de mercado eléctrico en México dieron lugar a contratos de cobertura eléctrica que establecen con prelación los precios de energía y capacidad. Sin embargo, estos contratos financieros, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulnerabilidad financiera a las entidades que lo celebran.

“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado”, argumenta el primer mandatario.