Para las autoridades de Estados Unidos, la información de las actividades de Genaro García Luna luego de que dejó sus cargos es aceptable como prueba directa y está relacionada con los delitos imputados.
A su vez es admisible con el objetivo de probar relaciones de García Luna y elementos del gobierno mexicano y su presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa.
Los fiscales afirmaron que cuando García Luna se mudó a Miami, estableció una consultoría con la cual continuó haciendo negocios en México, y en Sinaloa, con ex colegas y oficiales mexicanos, y “mantuvo y usó casas y otros bienes adquiridos cuando aceptaba sobornos del cártel de Sinaloa”.
Más aún, mientras era secretario de Seguridad Pública, estaba encargado del manejo de millones de dólares enviados por Estados Unidos para combatir a los cárteles, y facilitó una serie de contratos para vigilancia y tecnología con grupos de empresarios, y esos mismos lo apoyaron en su mudanza a Estados Unidos, incluyendo el entregarle una residencia multimillonaria y un yate en Miami, mientras los ayudaba en conseguir más contratos con el gobierno mexicano.
Sostuvieron que “evidencia de las actividades del acusado después de dejar sus puestos” incluyendo el uso de bienes que adquirió, su facilidad en viajar y hacer negocio en México, incluyendo con el gobierno mexicano, “demuestran que el acusado continuó recibiendo beneficios de la conspiración años después de dejar sus puestos”.
Además, insistieron en que sus activadas pos-gobierno demuestran que el acusado entregó contratos lucrativos y buscó relacionarse con empresarios internacionales para después recibir los beneficios de esos favores, subrayado que “el acusado buscó puestos de poder en el gobierno mexicano no para servir al público o hacer valer la ley, sino para acumular dinero, poder y conexiones para su propio beneficio”.
No obstante, para los defensores dicha información afectaría el proceso del juicio debido a que invita a la especulación de que la manera de vivir del acusado solo fue posible por los sobornos. El documento concluía que el gobierno sí cuenta con información sobre las fuentes de la riqueza de García Luna.
Imagen: Cuartoscuro