STPS responde a El Universal por nota sobre presuntas irregularidades en Jóvenes Construyendo el Futuro; documenta 150 quejas

Luego de que El Universal dio a conocer en la investigación “Exhiben transas en programa para jóvenes de AMLO”, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió una respuesta al medio de comunicación.

En la investigación firmada por Miriam Ramírez, la reportera da a conocer que, a través de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), se estableció un “sistema de desvío de recursos públicos”, en el cual “caben todos” como servidores públicos, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y empresarios.

Para llegar a esta conclusión, la reportera da a conocer que realizó un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), las cuales fueron obtenidas a través de una solicitud de información.

De acuerdo con Ramírez, lo anterior, “permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos” que exige JCF, programa insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su defensa, la STPS sostuvo que JCF atiende las quejas recibidas y actúa con base en sus atribuciones, por lo que las querellas que expuso El Universal no son una generalidad.

“Las quejas a las cuales hace referencia el periódico El Universal no reflejan una generalidad ni el espíritu del Programa, además de que las mismas quejas no cuentan con una resolución final que señale o acredite que se cometió alguna irregularidad”, escribió la Secretaría del Trabajo en un comunicado.

La STPS también aseveró que, en caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación, los centros de trabajo participantes pueden ser sancionados con suspensión o baja definitiva.

“El Programa funciona a través de una alianza virtuosa entre gobierno y centros de trabajo de muy diversos giros, quienes son los encargados de recibir jóvenes y otorgarles formación y capacitación por un año. Casi 330 mil centros de trabajo y tutores comprometidos con la juventud mexicana han participado en el Programa, con una responsabilidad social sin la cual no sería posible su implementación”, escribió la STPS en un comunicado.

Hasta el momento, y de acuerdo con el Gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro ha atendido a 2 millones 227 mil 300 jóvenes desde su inicio en las 32 entidades federativa con una inversión social histórica de más 77 mil millones de pesos.

La reportera Miriam Ramírez dio a conocer en su investigación que, en los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.

Ramírez documentó que en 2019 y 2020, las personas afectadas por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas al presidente.

También se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al 911 con el objetivo de dar a conocer púbicamente las fallas del programa federal.

“Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia”, se lee en la publicación.

En ese sentido, los expedientes fueron turnados a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de investigar y de sancionar las posibles irregularidades.

“En la versión pública de las quejas entregadas, la SFP testó el nombre del ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y cargo del funcionario. Lo que sí se puede conocer son algunas de las formas en que se llevan a cabo las irregularidades”, escribió la periodista.