Se desecharon las pruebas de transferencias bancarias a dos compañías de Lozoya

La defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, logró que se desecharan las pruebas de transferencias financieras que se realizaron por empresas fantasmas que controlaba la constructora brasileña Odebrecht a dos compañías del ex funcionario, a través de las cuales se le transfirieron recursos.

Los comprobantes pudieron desecharse debido a que se consideró que el Ministerio Público Federal consiguió ilegalmente los documentos, por faltar al secreto bancario. De este modo, se hicieron a un lado también las transferencias que se hicieron mediante el sistema financiero suizo, así como las pruebas de las acreditaciones del acuerdo reparatorio de la empresa Odebrecht en Estados Unidos.

Cabe mencionar que Lozoya enfrenta un proceso de investigación en el que se indaga que el ex funcionario recibió sobornos por 10.5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht; los elementos que se apartaron eran puntos trascendentes para la etapa de juicio de este caso.

En la audiencia correspondiente a la etapa intermedia, a cargo del juez Gerardo Genaro Alarcón López, Lozoya señaló que cumplió con los términos establecidos con la Fiscalía General de la República (FGR) para llegar a un acuerdo reparatorio y obtener un criterio de oportunidad.

Además, el ex funcionario dijo que a través de su participación, el Ministerio Público Federal presentó una denuncia contra personas que habían incurrido en delitos; en este sentido, mencionó que “la FGR ha utilizado la información que aporté para que se iniciara un proceso penal en contra de un ex senador del PAN (Jorge Luis Lavalle), también en contra de un ex director de Pemex que se encuentra prófugo de la justicia y de un ex diputado federal (Ricardo Anaya)”.

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Lozoya, partició en la audiencia mediante videoconferencia y dijo que no cometió los hechos que se le atribuyen y solicitó al Estado que no utilice a mujeres como rehenes, pues tanto ella como su hija Susana y su nuera Marielle Helene Eckes, atraviesan procesos penales.

“Por qué mi hijo está en la cárcel y los responsables están libres. Señor Andrés Manuel López Obrador, por qué los culpables no son perseguidos y las mujeres sí” cuestionó Austin.

Luego de expresar sus manifestaciones y pedir que se llegue a un acuerdo, la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rechazaron la propuesta. Por lo tanto, el juez Alarcón López indicó que “al no existir acuerdo avanzamos en esta audiencia intermedia”.

Al respecto, la defensa de Lozoya Austin comentó que Pemex y la UIF no han demostrado haber sido afectadas moral, financiera u operativamente por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa; y que lo piden es la reparación de daño por los recursos que habría recibido Emilio Lozoya, sin embargo, resaltaron que las acciones del ex director de Pemex fueron de amenaza y no un hecho probado que dañara a las instituciones.

Ante el rechazo del juez, dijeron que presentarán un amparo para buscar que se establezca a quién se debe depositar el dinero que se ha pedido como reparación del daño, pues ni Pemex ni la UIF son consideradas con la personalidad jurídica para ello.