Venezuela, Machado y la reconstrucción

Columnas martes 09 de junio de 2026 -

En su reciente artículo para el Journal of Democracy, Morales-Arilla desglosa la encrucijada estratégica que enfrenta Venezuela tras la remoción de Nicolás Maduro y cómo la falta de confianza de las élites del antiguo régimen impide que la ganadora electoral, María Corina Machado, asuma el poder.

La anomalía política es evidente: el desplazamiento de la líder legítima por parte de la administración Trump en favor de una transición “juiciosa” tutelada por Delcy Rodríguez, figura clave del régimen saliente. El autor no solo ofrece una crónica de la coyuntura, sino una sofisticada aplicación de la teoría económica a la resolución de conflictos institucionales.

Utilizando teorías económicas modernas, propone un marco de justicia transicional diferenciado que distingue entre criminales de lesa humanidad y funcionarios estratégicos para la estabilidad. Afirma que Machado debe ofrecer garantías internacionales y procesos de verdad para fracturar la coalición gobernante y asegurar una democratización viable

El núcleo del argumento reside en el problema de selección adversa. En el “mercado de la transición”, los actores del régimen (militares y burócratas) enfrentan una incertidumbre: no pueden distinguir si Machado es una moderada que busca reconciliación o una maximalista radical que utilizará su mandato para una purga indiscriminada. Dado que las palabras son “baratas”, los incentivos de los insiders para resistir la transición son racionales, asumiendo siempre el peor escenario.

Para romper esta espiral, propone el marco de “señalización” de Michael Spence. Es decir, que Machado debe emitir señales “costosas” (acciones que una maximalista no estaría dispuesta a asumir) para ganar credibilidad. La propuesta central es la creación de un proceso de justicia transicional formal con garantes internacionales, como Noruega o el Comité del Nobel, lo que elevaría los costos reputacionales de cualquier intento de retribución futura.

Critica agudamente la propuesta de “Amnistía para la Coexistencia Democrática” de Delcy Rodríguez, calificándola de una forma de “olvido forzado” que iguala el perdón a los culpables con la justicia debida a las víctimas, y presenta una matriz de justicia diferenciada basada en dos ejes: la gravedad de los crímenes y la importancia estratégica del individuo para la estabilidad.

La revisión de lecciones históricas (desde el “pacto del olvido” en España hasta la amnistía condicional en Sudáfrica) sirve para advertir sobre los peligros de las purgas indiscriminadas que suelen alimentar insurgencias y vacíos de poder.

Al cierre, sostiene que el regreso de la democracia venezolana no depende de una justicia perfecta, sino de una funcional. Esto permitiría que la ganadora del Nobel de la Paz se vinculara de forma creíble a la moderación, ofreciendo a los comandantes y mediadores una salida que no sea el martirio o la resistencia eterna. En última instancia, la viabilidad de la transición venezolana depende de la capacidad de transformar la percepción del riesgo de las élites en una apuesta por la supervivencia institucional.

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