El pleno de Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de forma definitiva la producción, comercialización y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el país.
La normativa establece sanciones de entre uno y ocho años de prisión para quienes fabriquen, distribuyan o vendan estos dispositivos, así como multas equivalentes a 100-2 000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa montos aproximados de 11 314 a 226 280 pesos.
Entre los actos prohibidos se incluye la importación, exportación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, distribución, oferta y suministro de vapeadores o cigarrillos electrónicos, así como cualquier forma de publicidad o propaganda para promover su uso.
En cuanto al consumo personal, los legisladores aclararon que la reforma no contempla sanciones para quienes simplemente utilicen los dispositivos, sino que apunta exclusivamente contra su comercio y distribución.
Los proponentes argumentan que la medida busca proteger la salud pública, especialmente de jóvenes y adolescentes, ante el creciente uso de estos aparatos y los riesgos vinculados al consumo de sustancias vaporizadas.