La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa para modificar el artículo 253 del Código Penal local, con el propósito de aumentar las penas por asociación delictuosa y ampliar los escenarios en los que se aplica esta figura jurídica.
La propuesta contempla elevar la pena mínima de cuatro a cinco años de prisión y la máxima de ocho a diez años. Asimismo, se plantea duplicar las multas, que pasarían de 200 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que representa montos entre 22 mil y 226 mil pesos.
En casos donde las agrupaciones estén relacionadas con delitos como homicidio, feminicidio, extorsión, desaparición forzada, robo, narcomenudeo o lavado de dinero, se establecería un nuevo rango de sanción que va de 10 a 15 años de cárcel. Además, se propone incrementar en un 50% las penas para quienes ocupen roles de liderazgo, administración, supervisión u organización dentro de estas estructuras.
El documento enviado al Congreso incluye definiciones específicas para facilitar la aplicación penal. Por ejemplo, se considera “administración” el manejo interno y financiero de los grupos, mientras que “supervisión” se refiere a las tareas de control sobre las actividades ilícitas.
La administración local justificó la reforma con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que indican que aproximadamente el 10% de los detenidos en la capital están vinculados a organizaciones delictivas. El objetivo, según el gobierno, es lograr mayor proporcionalidad en las sanciones y fortalecer la utilidad social del marco penal.