El gobierno de Colombia manifestó su rechazo a la decisión de Ecuador de incrementar en un 900% la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, medida que eleva el costo de tres a 30 dólares por barril y que entró en vigor el 23 de enero.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la resolución como una acción unilateral y arbitraria que viola compromisos previamente adquiridos, mientras que Ecuador justificó el aumento como respuesta a la suspensión indefinida de exportaciones de energía eléctrica desde Colombia hacia su territorio.
La tensión comercial entre ambos países se ha intensificado en los últimos días. Ecuador aplicó un incremento del 30% en aranceles a productos colombianos y Colombia respondió con medidas equivalentes, generando preocupación en el sector empresarial. La ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, adelantó que se analiza un nuevo decreto para ampliar las sanciones si no se alcanza un acuerdo.
La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, informó que esperan concretar una reunión con Ecuador en Panamá durante el Foro Económico Internacional, aunque advirtió que, de no lograrse una solución bilateral, acudirán a mecanismos de arbitramento de la Comunidad Andina.
El presidente Gustavo Petro reiteró su disposición al diálogo, pero condicionó las conversaciones a la creación de una política conjunta para el control de los puertos marítimos utilizados en el tráfico de drogas. En paralelo, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa anunció inversiones por 230 millones de dólares en equipamiento militar y tecnología para reforzar la seguridad en la frontera, que se extiende por más de 600 kilómetros y es utilizada por grupos criminales vinculados al narcotráfico, contrabando y minería ilegal.