Cuando la casa deja de ser un refugio

Columnas lunes 03 de agosto de 2026 -

Durante décadas, la vivienda fue sinónimo de patrimonio, estabilidad y certeza jurídica. Hoy, esa certeza comienza a resquebrajarse. Los recientes casos de ocupación ilegal de inmuebles en la colonia Del Valle, una de las zonas de mayor valor de la Ciudad de México, son mucho más que una nota policiaca: son la evidencia de un fenómeno que lleva años creciendo y que amenaza uno de los activos más importantes de millones de familias.

El problema no nació en la capital ni se limita a unas cuantas alcaldías. Se ha documentado en estados como el Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nuevo León, donde el delito de despojo se ha vuelto cada vez más frecuente. Lo preocupante es que, mientras las denuncias aumentan, México sigue sin contar con una estadística nacional que permita dimensionar con precisión el tamaño del problema.

Paradójicamente, es el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el que ofrece una pista sobre esta realidad. El Censo de Población y Vivienda reporta que 13.8% de las viviendas habitadas del país, cerca de 4.8 millones de hogares, se encuentra en la categoría de "prestadas o en otra situación". Lo relevante es que el manual metodológico del instituto establece que dentro de esa clasificación deben registrarse, entre otros casos, las viviendas ocupadas sin permiso del propietario o invadidas, además de inmuebles intestados, en litigio o con formas atípicas de ocupación.

No significa que ese 13.8% corresponda exclusivamente a viviendas invadidas. Sería incorrecto afirmarlo. Lo que sí demuestra es que existe un enorme universo de inmuebles con problemas de tenencia y ocupación cuya dimensión permanece parcialmente oculta por la falta de información específica.

Y ahí comienza el verdadero problema.

Porque la ausencia de estadísticas no implica la ausencia del fenómeno. Al contrario. Cuando las fiscalías estatales reportan incrementos en las denuncias por despojo, mientras los tribunales acumulan litigios y los propietarios enfrentan procesos largos para recuperar sus inmuebles, resulta evidente que la incertidumbre jurídica se ha convertido en un riesgo creciente para el mercado inmobiliario.

A ello se suma otro dato revelador del propio INEGI: 21.2% de las viviendas que sus ocupantes consideran propias carecen de escrituras a nombre del residente o no cuentan con un título legal plenamente acreditado. Es decir, más de una de cada cinco viviendas propias presenta algún grado de vulnerabilidad documental.

Ese vacío legal alimenta conflictos familiares, litigios sucesorios, fraudes y ocupaciones ilegales. La vivienda deja de ser únicamente un patrimonio para convertirse en un activo vulnerable.

Lo ocurrido en la colonia Del Valle rompe, además, otro mito. Durante años se pensó que las invasiones eran un problema exclusivo de asentamientos irregulares o colonias populares. Hoy alcanzan zonas consolidadas, con alto valor comercial y propietarios que, aun teniendo escrituras, descubren que recuperar una propiedad puede tomar meses o incluso años.

La consecuencia trasciende a las familias afectadas. La incertidumbre jurídica deteriora la confianza en el mercado inmobiliario, desalienta la inversión, encarece las operaciones y obliga a compradores, inversionistas y desarrolladores a extremar medidas de prevención.

México ha concentrado buena parte del debate público en construir más viviendas. Sin embargo, el reto ya no consiste únicamente en aumentar la oferta. También pasa por proteger lo que ya existe. De poco servirá impulsar nuevos desarrollos si el Estado no garantiza que el patrimonio de los ciudadanos permanecerá bajo el amparo de la ley.

La mejor política de vivienda no sólo es la que facilita comprar una casa. Es la que asegura que nadie pueda arrebatársela.

PREGUNTA

¿Estás preparado para impedir una invasión de tu casa?

Escríbeme

twitter @MarielZuniga_

mariel@grupoeconcreto.com

Síguenos en Contrareplica en #youtube y en todas sus plataformas

mariel@grupoconcreto.com