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Diputada Alvarez Soto impulsa tipificar el sexting con menores en CDMX para reforzar protección infantil
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La diputada panista Laura Álvarez Soto presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México con el fin de tipificar de forma clara el sexting cuando involucre a menores de 18 años. La propuesta incorpora un nuevo Capítulo VIII denominado “Sexting” dentro del Título Quinto (“Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexuales y el Normal Desarrollo Psicosexual”), que incluye los artículos 181 Sexies, 181 Septies y 181 Octies.
El objetivo central de la iniciativa es cerrar vacíos legales y garantizar que la intimidad y el desarrollo psicológico de niños y adolescentes no sean vulnerados en el entorno digital. Se busca sancionar a quienes sin consentimiento obtengan, difundan o amenacen con publicar contenido erótico, íntimo o sexual de menores, imponiendo penas de cinco a siete años de prisión. Además, se propone que los sentenciados sean inscritos en el Registro de Personas Agresoras Sexuales de la CDMX.
De acuerdo con cifras oficiales citadas en la propuesta, México registra un alto índice de pornografía infantil. En 2024, más de tres millones de adolescentes de entre 12 y 17 años vivieron ciberacoso. En la capital, cientos de miles de menores fueron objeto de propuestas sexuales, extorsión con imágenes íntimas o sufrieron la difusión no consentida de contenido sexual.
Álvarez Soto afirmó que aunque la Ley Olimpia continúa vigente y con utilidad, no es suficiente para prevenir todas las etapas del ciclo de violencia digital que se da cuando menores son expuestos. Resaltó que la iniciativa no persigue criminalizar la curiosidad juvenil ni prácticas imprudentes, sino responsabilizar especialmente a adultos que abusan de posiciones de poder o anonimato.
La diputada solicitó colaboración con otros grupos parlamentarios, así como la cooperación de escuelas, familias y plataformas de internet, para fortalecer medidas de prevención y respuesta rápida a riesgos. También insistió en que la protección legal debe estar acompañada de mecanismos educativos para evitar daños a la psique de la niñez y la adolescencia.
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JM/CR
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