La administración de la Ciudad de México y agrupaciones de familias victimadas formalizaron un paquete de veinte compromisos, entre los cuales sobresale el establecimiento de mesas temáticas dedicadas al seguimiento de expedientes antiguos sobre personas no localizadas.
Esta iniciativa busca dar respuesta a una demanda histórica de las organizaciones de búsqueda, de acuerdo con declaraciones de Jacqueline Palmeros, representante de la agrupación Una Luz en el Camino. La activista, madre de Yael Monserrat Uribe, desaparecida en 2020 en los límites de Iztacalco e Iztapalapa, destacó que las mesas fueron estructuradas a partir de propuestas directas presentadas por los allegados de las víctimas durante encuentros previos.
Los ejes de acción acordados abarcan temas prioritarios como la emergencia forense, el resguardo de la infancia, la seguridad de los rastreadores y la optimización de los procedimientos de investigación. La vocera del colectivo, el cual integra decenas de expedientes con antigüedades de hasta dieciocho años, resaltó que la meta principal es evitar que las indagatorias se limiten exclusivamente a las ausencias recientes.
El mecanismo contempla la colaboración constante de entidades institucionales, incluyendo a la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Poder Judicial. Como antecedente, los informes del gobierno capitalino indican que un grupo especializado ha intervenido en decenas de operativos de rastreo orientados a personas cuyo paradero se desconoce desde hace más de doce meses.
Por otra parte, los representantes de las familias exigieron una revisión minuciosa e individualizada sobre el grado de cumplimiento de treinta acuerdos pactados con anterioridad. Los colectivos señalaron que la apertura de este canal de interlocución marca una nueva fase de monitoreo social, con la expectativa de que los métodos aplicados en la capital sirvan como modelo para la implementación de políticas públicas en otros estados.