El Salvador: entre el estado de excepción y los DDHH

Columnas miércoles 27 de abril de 2022 -

El 24 de abril el Congreso de El Salvador amplió, a petición del presidente Nayib Bukele, el estado de excepción en el país por treinta días más. Después de un mes de haber sido puesto en marcha, más de 17 mil presuntos integrantes de pandillas y grupos terroristas (como los clasifica el gobierno), han sido detenidos y trasladados a diferentes centros penitenciarios donde se han limitado sus alimentos, las condiciones para dormir y, en general, su estancia en condiciones dignas.

En el decreto N° 333 se suspenden derechos y garantías constitucionales, como el derecho a la reunión y a las comunicaciones privadas, por lo que se pueden realizar intervenciones a líneas telefónicas o medios electrónicos sin previa orden judicial. También se suspenden derechos procesales básicos como a ser informado de las causas de detención, a no ser obligador a declarar contra sí mismo y a la defensa a través de un abogado.

Acompañando a este decreto, se realizaron modificaciones al código sustantivo penal, por lo que ahora sólo el hecho de pertenecer a estructuras terroristas o grupos pandilleros será considerado un delito, mientras que las penas aumentaron de 9 a 45 años de prisión. El estado de excepción se da como respuesta al aumento de la violencia en El Salvador, donde en un fin de semana se registró casi un centenar de homicidios.

Se cree que existen más de 70 mil pandilleros en el país dedicados a la extorsión, el narcotráfico y a la comisión de diversos delitos. De ellos, 16 mil estaban ya recluidos, a los cuales se suman los 17 mil detenidos en este último mes.

Diferentes organismos internacionales manifestaron su preocupación por las acciones represivas y violatorias a los derechos humanos, al calificar las actuales medidas como abusivas, de un uso excesivo de la fuerza, arbitrarias y de hostigamiento a ciudadanos y periodistas, además que dejan de lado el cumplimiento de los tratados internacionales signados por El Salvador.

A través de redes sociales, Bukele ha rechazado las críticas y ha señalado la inacción de los mismos organismos internacionales frente a los crímenes cometidos contra la población civil. Incluso ha enfatizado que desde que tomó el poder la tasa de homicidios ha descendido prácticamente seis veces, excluyendo a El Salvador de los listados de las ciudades más peligrosas del mundo. Destacó que, después de las acciones tomadas, los homicidios han caído prácticamente a cero. En las últimas encuestas, las medidas impuestas han alcanzado un 90% de aprobación.

Parte de las preguntas que surgen son ¿qué sucederá en cuando termine el estado de excepción? ¿cuáles serán los efectos en el mediano y largo plazo? ¿El Salvador se convertirá en un laboratorio contemporáneo o en un experimento social sobre la efectividad de la mano dura en el combate al crimen? ¿Cuáles son las lecciones positivas y negativas? ¿Se replicará el modelo en otros países?

Un estado de excepción exitoso puede aumentar el interés actual y futuro por la suspensión de derechos en diferentes países latinoamericanos ante la severa crisis de violencia y homicidios. Las condiciones políticas, territoriales, criminales y de gobernabilidad en el país centroamericano atraen la atención internacional y lo ponen en el centro del debate.

Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones y lecciones, se tendrán que discutir fríamente los resultados en algunos meses o años, tanto de las acciones del gobierno como del papel de los organismos de derechos humanos y de la sociedad misma. No es justificable la violación de los derechos humanos, pero tampoco es justificable la muerte de civiles y la comisión de delitos como modus vivendi. Se trata de un debate abierto.

* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00