La administración de Donald Trump creó una entidad interagencias encabezada por el FBI para perseguir a activistas catalogados como “marxistas”, “izquierdistas” y “anarquistas”, bajo el argumento de que representan una amenaza a los valores tradicionales de Estados Unidos. La estrategia se formalizó en el memorando presidencial de Seguridad Nacional número siete (NSPM-7), que establece la arquitectura legal y operativa para proceder contra quienes el gobierno identifica como parte de Antifa, pese a que expertos han reiterado que no existe una organización con ese nombre.
El primer caso judicial derivado de esta política ocurrió en Fort Worth, Texas, donde nueve manifestantes opositores a las políticas antimigrantes fueron declarados culpables de delitos como apoyo material al terrorismo y homicidio. El proceso se originó tras una protesta frente al centro de detención de inmigrantes Prarieland, en Alvarado, donde se registró un tiroteo. Aunque documentos oficiales del FBI confirmaron que no existe una célula de Antifa en la región, los acusados fueron condenados y el gobierno federal utiliza el caso como ejemplo de su nueva campaña.
La Casa Blanca mantiene la designación de Antifa como “organización terrorista doméstica” desde septiembre de 2025, y planea convocar a una conferencia internacional con gobiernos aliados para intercambiar inteligencia sobre grupos de izquierda. Voceros oficiales han señalado que la ofensiva busca desmantelar lo que consideran una red de extremismo violento, mientras que críticos como la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles advierten que se trata de un intento deliberado de intimidar y silenciar a opositores políticos, violando principios constitucionales de libertad de expresión y debido proceso.