En días pasados se dio a conocer que el Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron en la colonia Las Palmas, Municipio de Culiacán, Sinaloa, poco más de 542 kg de fentanilo, además de otras drogas, precursores químicos y se logró la detención de 10 personas. Esta incautación monetariamente equivale a más de 4 mil 600 millones de pesos en afectación a los grupos criminales. Esto representa una de las acciones más contundentes en lo que va del actual sexenio.
Y es relevante este hecho no sólo por la pérdida de recursos multimillonarios, sino especialmente por la inestabilidad interna que puede crear un golpe de esta naturaleza. Como en cualquier otra empresa con mermas, se deja de pagar a proveedores, no se cuenta con dinero para obtener herramientas o materiales relevantes para el negocio, existen represalias contra los presuntos responsables de las pérdidas, y se rompen los acuerdos nacionales e internacionales para la compra-venta de la sustancia etc.
También, pareciera no ser coincidencia que esta incautación se realiza unos días antes de la visita del presidente mexicano a Estados Unidos, siendo que uno de los componentes fundamentales del “Acuerdo Bicentenario” y la principal preocupación en materia de estupefacientes del vecino del norte es justamente el fentanilo, por el impacto que ha causado en los últimos años.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, desde 1999, más de un millón de ciudadanos estadounidenses han muerto por sobredosis de drogas. Sólo en 2021, se registraron más de 100 mil muertes, la mayor parte asociadas con fentanilo o sustancias análogas.
En 2022, la Comission on Combating Synthetic Opioid Trafficking, declaró una crisis nacional (y no solamente una crisis de salud, como había sido hasta entonces) debido al número de muertes y al costo económico que implica la atención de la problemática que es cercana al trillón de dólares.
Pero el problema no para ahí, pues se extiende hacia el norte del continente hacia Canadá. Si bien las víctimas en ese país son sustancialmente menores que en Estados Unidos, el problema es constante y va progresivamente en aumento. Según las estadísticas de salud, de 2016 a 2021, han muerto 29,052 personas por aparente sobredosis por consumo de opioides. En 2021, de las muertes registradas el 86% involucró fentanilo.
De hecho, durante el primer año de la pandemia por COVID-19, hubo un incremento de 96% en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides (abril 2020 - marzo 2021, un total de 7,362 muertes) comparado con el año anterior (abril 2019 - marzo 2020, 3,747 muertes).
Diversos factores pudieron haber contribuido a la intensificación de la crisis durante la pandemia, como sentimientos de aislamiento, estrés y ansiedad.
Entre las posibles explicaciones del aumento de la sustancia en ese país, se encuentran que las cantidades de fentanilo habrían satisfecho la demanda del mercado interno de Estados Unidos, por lo cual los vendedores han buscado mercados internacionales alternativos para los excedentes. Uno de esos países es Canadá por su cercanía geográfica, por su alto poder adquisitivo, por no tener agencias especializadas para el control de narcóticos (como la DEA) y porque posee una gran cantidad de prescripciones médicas de opioides para el tratamiento del dolor y otros padecimientos, usuarios que eventualmente podrían migrar al consumo de fentanilo.
Si bien esta incautación tiene implicaciones nacionales e internacionales positivas muy importantes, al mismo tiempo es síntoma de que la producción de esta droga esta en su apogeo. Lejos de disminuir, es posible que sea el inicio de la confiscación de más cargamentos de tales proporciones.
* Candidato a Doctor en Ciencia Política por la UNAM y fundador de la Consultoría SIE. Twitter: @jgt_00