Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora de STUNAM
No cabe duda. La extorsión frena el desarrollo, limita el crecimiento económico y daña la percepción de un Estado de derecho. Pero esta práctica no es exclusiva de los grupos delincuenciales que han hecho del denominado cobro de piso su principal fuente de ingresos; los funcionarios del gobierno y las empresas privadas también han sido señalados por el pago de sobornos para ganar licitaciones e integrarse a las cadenas de valor.
Todos, de alguna manera, hemos aceptado la extorsión por temor o conveniencia; lo mismo para agilizar permisos del gobierno, evitar multas de tránsito, pagar por estacionarse en un lugar público o para que te dejen trabajar en paz, sin temor a sufrir represalias por negarse a recibir protección y seguridad.
Analistas económicos refieren que el aumento de violencia se debe a que el crimen organizado ha aprovechado la debilidad del estado de derecho y la impunidad de la que gozan, debido a que no se investiga y combate de manera efectiva a los integrantes de los grupos criminales que operan en nuestro país.
Basta mencionar lo ocurrido hace unos días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas –donde dos grupos delincuenciales se disputaron a balazos el control de un mercado–, y en Chilpancingo, Guerrero, entidad en la que los asesinatos y ataques contra quienes se dedican al comercio de pollo, obligaron a suspender la venta de ese producto.
Los llamados Motonetos, el grupo responsable de los hechos de violencia en la localidad chiapaneca, operan sin control desde hace más de una década; las autoridades locales han sido rebasadas, la policía estatal parece actuar bajo las órdenes de estos capos y la operación de la Guardia Nacional ha sido condicionada.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, la extorsión –con un promedio de 5.7 millones de casos al año–, es el segundo delito del fuero común más numeroso, solo detrás del robo en calle o transporte público.
En este sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que sólo el 2.1 por ciento de los casos de extorsión son denunciados por las víctimas, por lo que resulta muy difícil cuantificar la evaluación real que este delito tiene para la economía. Sin embargo, estimaciones de la dependencia mencionan que en 2020 su costo fue de 185 mil millones de pesos.
En el país, 12 son las entidades en donde se reporta el mayor número de extorsiones. El Estado de México ocupa el primer lugar seguido por Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Baja California, Colima, Sonora y Michoacán
Por ejemplo, en el Estado de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana han monopolizado las actividades económicas de la entidad y marginado de forma violenta a los concesionarios dedicados a la extracción de grava y arena, así como a quienes transportan esos materiales de construcción.
La Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la CDMX (CANACO) dio a conocer un estudio sobre los casos de extorsión detectados en los primeros tres meses de 2022. En el documento se señala que este delito creció 2.3 por ciento en la Ciudad de México y el 11.9 por ciento de los empresarios consultados denunció haber sido víctima de extorsión o cobro de piso.
La alcaldía con mayor número de extorsiones fue Venustiano Carranza, con el 17.9 por ciento de los casos, seguida de Iztacalco con 13.6 y Gustavo A. Madero con el 12.1. El 47.8 por ciento de las extorsiones se hizo de manera presencial, 37.4 vía telefónica y el 12.2 por ciento a través de medios electrónicos.
Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch insistió en que ya se instalaron mesas de trabajo –en las que también participa la Fiscalía General de Justicia local–, para disminuir la incidencia de este ilícito mediante acciones que contemplan la detención y neutralización de los integrantes de los grupos delictivos, el fortalecimiento de los lazos de confianza y mejoramiento de la percepción de empresarios y comerciantes respecto a la policía de la CDMX
Y aunque la capital del país ocupa el sexto lugar a nivel nacional sobre el número de extorsiones, cifras del gobierno señalan que las denuncias por este delito registraron una disminución de 65 por ciento en el primer cuatrimestre del año, respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de 325 a 113.
En teoría, las cifras nos darían una pauta positiva respecto a los esfuerzos para disminuir la incidencia de este delito. Sin embargo, en el combate a la delincuencia nunca son suficientes las estadísticas o las cuentas alegres, si la población no experimenta en realidad una mejoría perceptible en torno a este flagelo, que como plaga bíblica, azota desde hace décadas a todo el territorio nacional.
Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora de STUNAM