La reciente designación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República no solo reabre el debate sobre la independencia del Ministerio Público, sino que expone una contradiccióninstitucional de fondo. La FGR nació para evitar exactamente lo que hoy vuelve a instalarse: una fiscalía encabezada por una persona con militancia partidista, cercanía al poder y alineación política con quien ocupa la Presidencia.
La ironía no es menor. En 2017, cuando era diputada de Morena, Ernestina Godoy fue una de las voces más firmes contra la subordinación del Ministerio Público al Ejecutivo. Criticó la falta de autonomía de las fiscalías, denunció su politización y exigió una Fiscalía: “ciudadana, independiente y valiente” capaz de investigar corrupción e impunidad, incluso cuando involucrara al gobierno en turno. Reclamaba una institución que no persiguiera fines políticos.
Ese discurso se alineaba plenamente con el paradigma que entonces buscábamos consolidar de una fiscalíaneutral, técnica, autónoma e imparcial. Desde la oficina del Procurador Raúl Cervantes -donde colaboré comoasesor y director general- documentamos la necesidad de cortar el cordón umbilical entre el Ministerio Público y el poder presidencial. El diagnóstico era claro: la PGR llevaba años erosionada por su dependencia vertical, su uso político, su fragilidad operativa y la captura sistemática del sistema penal. La autonomía surgió como respuesta estructural a ese deterioro, no como un gesto político coyuntural.
Por eso el nuevo diseño constitucional fue deliberadamente rígido: lista del Senado, terna presidencial ydesignación por dos tercios. La fiscalía debía ser del Estado, no del gobierno, por ello su nueva estructurabuscaba impedir que una persona militante, afín al poder o con vínculos partidistas llegara al cargo, y con ello, desterrar la figura del “fiscal de la presidencia”.
A ocho años de distancia, el modelo se ve invertido. La nueva fiscal llega con una identidad partidistaexplícita, con una trayectoria de militancia en Morena y con una cercanía política con la PresidentaSheinbaum. Esto no es un juicio personal, sino un hecho institucional, pues su origen político contradice elespíritu que ella misma defendió cuando la autonomía apenas se edificaba. Como ha ocurrido en otros temasde gran relevancia pública, el movimiento de la 4T terminó traicionando la reivindicación de las causas queenarboló en sus inicios, y una de ellas era evitar la captura de la procuración de justicia.
La pregunta de fondo no es si Godoy tiene capacidad técnica; eso se comprobará con el tiempo. La cuestiónconstitucional es otra: ¿puede una institución nacer autónoma cuando su origen la coloca, desde el inicio, dentro del círculo político que debería poder investigar con independencia? La autonomía surge del punto de partida, y cuando ese origen reproduce la cercanía con el poder que la reforma al modelo buscó superar, se desdibuja el artículo 102 constitucional.
Una fiscalía que inicia políticamente inclinada difícilmente podrá sostener la neutralidad que exige un sistemade justicia que, en ocasiones, debe mirar de frente al propio Estado. La autonomía es una estructura, no unaaspiración: por ello, cuando la persona titular nace políticamente vinculada a quien puede ser investigado, esaestructura se vuelve porosa, de ahí que el significado de 2017 no desaparezca, sino que regresa comoparámetro para evaluar lo que en 2025 se ha decidido.
Obiter dicta
La independencia del Ministerio Público es un edificio que se levantó para resistir al poder, no para acomodarse a él. En 2017, Ernestina Godoy defendía esa idea; en 2025, el reto es demostrar que aún cree en ella.