Los riesgos de una economía estancada

El Banco de México ha recortado su pronóstico de crecimiento económico para 2025 a un 0.1%, una cifra que, en los hechos, constituye una señal de estancamiento estructural y preludia la recesión. Si se considera que durante los últimos seis años el crecimiento promedio ha sido de poco más del 1% anual, el panorama es más que preocupante: la economía mexicana no está generando las condiciones materiales necesarias para sostener un desarrollo incluyente y sostenido.

Una economía así está lejos de poder generar empleo de calidad, de aumentar la recaudación fiscal por vía del crecimiento de la actividad productiva y de expandir el mercado interno. Este estancamiento tiene repercusiones directas sobre los ingresos públicos: con un Producto Interno Bruto prácticamente congelado, el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tenderán a desacelerarse. Las estimaciones conservadoras indican que por cada punto que se reduce el crecimiento, los ingresos fiscales pueden caer en alrededor de 0.5% del PIB, lo que equivale a más de 150 mil millones de pesos en 2025.

Este escenario pone en jaque a los programas sociales que dependen de transferencias del presupuesto federal. Ante un marco de restricción fiscal, sin reforma tributaria a la vista, lo más probable es que se reduzcan los márgenes de maniobra del gasto social, especialmente en educación, salud, infraestructura básica y programas de atención a poblaciones vulnerables. El dilema que enfrenta el Estado mexicano es entonces simple: contener el gasto o endeudarse más.

Con una economía paralizada, la inversión productiva pública, clave para reactivar sectores estratégicos, se ve limitada. La obra pública, el fortalecimiento de empresas estatales y la inversión en transición energética quedan subordinadas a una disponibilidad presupuestaria en declive. En este contexto, el llamado Plan México, anunciado como una estrategia para impulsar el mercado interno, corre el riesgo de quedarse corto. Sin financiamiento suficiente, sin un programa contracíclico ni medidas estructurales que liberen capacidades productivas, el plan será insuficiente para detonar un nuevo ciclo expansivo.

Debe comprenderse que solo con crecimiento se puede ampliar la base material sobre la que se asientan el empleo digno, los servicios públicos y la distribución equitativa del ingreso. Por ello, es impostergable una reforma fiscal integral y progresiva que dote al Estado mexicano de mayores ingresos permanentes, reduzca la dependencia del petróleo y elimine los privilegios fiscales que se mantienen. Esta reforma debe estar orientada a fortalecer el gasto social y a recuperar la capacidad del Estado para ser motor de desarrollo.

El costo de no actuar es enorme; y ya se perdieron demasiadas oportunidades en los últimos seis años. Con un crecimiento de 0.1%, millones de personas seguirán atrapadas en la informalidad, en la pobreza y en la exclusión social. La juventud verá canceladas sus oportunidades de movilidad social, y la calidad de vida de las mayorías se deteriorará. Sin un cambio de rumbo decidido, corremos el riesgo de perpetuarnos como una economía de bajo crecimiento y alta desigualdad, atrapada en una espiral de frustración social y fragilidad institucional.

Investigador del PUED-UNAM