Claudia Bolaños
El diputado federal del PAN, Daniel Chimal García, pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la presunta operación de una red dedicada a la piratería de libros en el país, actividad que, afirmó, genera ganancias por hasta 19 mil millones de pesos.
El legislador señaló que, de acuerdo con información del Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor (CEMPRO) y de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), cinco de cada diez libros que se comercializan en México son apócrifos, situación que atribuyó al crecimiento de una industria ilegal en la que, aseguró, participa la delincuencia organizada.
"Si bien, en educación, en fomento a la lectura y en general los mexicanos no leemos porque no hay una campaña que concientice a impulsar este hábito, ahora con libros pirata hay un riesgo de formación profesional bajo editoriales erróneas", expresó.
Chimal García indicó que, en promedio, cada mexicano lee 2.4 libros al año y sostuvo que la piratería afecta gravemente a la industria editorial mediante la reproducción ilegal de obras, la clonación de contenidos y el incumplimiento de obligaciones fiscales.
"La delincuencia del libro roba más del 50 por ciento de las editoriales y es un negocio redituable porque ofertan libros en el costo mucho menor que el verdadero e impuesto por el autor o la casa editorial", afirmó.
El diputado señaló que, según CEMPRO y CANIEM, los principales centros de almacenamiento y distribución de libros pirata se ubican en bodegas del Zócalo de la Ciudad de México, así como en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y Naucalpan. Agregó que la distribución alcanza puntos de venta clandestinos en estados como Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Jalisco.
Asimismo, aseguró que la piratería de libros ha aumentado entre 15 y 20 por ciento en los últimos años y atribuyó ese crecimiento a la falta de acciones de las autoridades para combatir este delito.
El legislador agregó que una primera producción de libros clandestinos puede alcanzar los 300 mil ejemplares, principalmente de publicaciones infantiles, escolares, de música y entretenimiento, por lo que insistió en la necesidad de una investigación para desarticular estas redes de distribución ilegal.